El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad y que supondrá un nuevo protocolo para "garantizar los derechos y dignidad" de las personas, y especialmente de los menores, que llegan al país prohibiendo "pruebas invasivas" como los "desnudos integrales", "pruebas ginecológicas" o "aquellas que pueda ser atentatorias contra la dignidad de los menores".
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo la responsable de Justicia, Pilar Llop, quien apuntado que este nuevo procedimiento será, además, "más ágil", "simplificado" y con mayor "seguridad jurídica" para quienes tienen que pasar por él.ç
Otras de las novedades que supone esta norma, y que ha destacado Llop, es que elimina el "carácter administrativo" que hasta ahora tenía este proceso, para pasar a ser "exclusivamente judicial", o que limita a 25 días el plazo máximo para que se resuelva el procedimiento que, a partir de la aprobación de esta ley, culminará con una sentencia.
El procedimiento de determinación de edad, según ha apuntado Llop, podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores o por la propia persona interesada "siempre asistida con su defensa jurídica". Esta última, según ha apuntado, se garantizará siempre de forma gratuita aunque la solicitante "tuviera recursos suficientes para litigar".
Además, la ministra ha señalado que esta ley dará a la determinación de la edad de las personas migrantes "efectos plenos en el ámbito público y privado", así como para el acceso a "recursos sociales y de la administración". En la actualidad, según ha apuntado Llop, estos efectos solo se desplegan en el ámbito de Extranjería o, en el caso de los menores, en materia jurisdicional. "Ahora será para todo", ha declarado.
La ministra ha explicado que en 2020 se registraron unas 5.000 diligencias preprocesales sobre determinación de edad. Sin embargo, Llop ha asegurado que este nuevo texto no incluye un "refuerzo" o "creación" de los juzgados, sino que se van a "atribuir competencias" a juzgados de menores o de familia, dependiendo del caso y, tal y como ha apuntando, teniendo en cuenta que existe la presunción de la minoría de edad.
Justicia ha informado de que este nuevo anteproyecto se ajusta a las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o el Comité Económico y Social Europeo (CESE), entre otros organismos. Además, y tal y como ha apuntado Llop, se obligaba a regular desde la Ley de Violencia en la Infancia.
El Ministerio también señala que es una ley más garantista que la anterior, y responde a reclamaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales.
