- El asesinato de Jordi, el niño de Sueca (Valencia), a manos de su padre ha evidenciado una laguna de comunicación entre juzgados del mismo municipio, que no tuvieron en cuenta una sentencia previa por maltrato a la hora de ratificar un convenio de divorcio en el que se estableció la custodia compartida. El crimen se conoció el domingo, cuando la madre del menor acudió al domicilio paterno a recoger a su hijo.
La víctima, Jordi, que acababa de cumplir 11 años, se encontraba en el domicilio de su padre a pesar de que éste tenía una orden de alejamiento respecto de la madre, que era la responsable de la custodia en virtud de la sentencia penal por maltrato.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informó ayer de que los cónyuges ratificaron el convenio regulador de custodia compartida sin informar al juzgado de que existía un procedimiento penal por malos tratos. El TSJCV señala que ninguno de ellos informó al juzgado que veía su proceso de divorcio de la existencia de un procedimiento penal abierto en agosto, un mes antes, que se cerró con una condena para el padre de 40 días a trabajos en beneficio de la comunidad, 8 meses de alejamiento y prohibición de comunicación con su exmujer.
La sentencia se dictó el 12 de agosto por conformidad y por tanto es firme y establecía la custodia y la patria potestad para la madre. En consecuencia, esta decisión suspendía cualquier régimen de visitas del progenitor condenado respecto de su hijo, y fijaba además una pensión alimenticia de 200 euros mensuales.
Fuentes judiciales consultadas por Efe han explicado que no existe un sistema informático que avise ni notificación automática que permita a un juez que tramita un divorcio conocer si alguno de los miembros de la pareja ha presentado una denuncia o ha sido condenado por malos tratos. Las mismas fuentes añaden que la madre habría tenido pleno amparo legal en caso de haber decidido impedir que el padre pasase tiempo con el niño.
La prima de la madre del niño asesinado y portavoz de la familia aseguró ayer que no había precedentes de malos tratos al menor por parte de su padre y que por eso decidían llevarlo unas horas cada domingo, para que le viese.
Según ella, “no es cierto que en el proceso de divorcio, el padre hubiese amenazado antes con matarlo, en ese caso no habríamos accedido nunca a llevárselo”. “Él quería pasar tiempo con su padre, aunque últimamente no iba tan convencido. El domingo, al poco rato de dejarle, llamó a su madre para que fuese a recogerle, y en el trayecto debió hacer la barbaridad que hizo”, lamentó.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este asesinato como un caso de violencia vicaria, el primero de este 2022, mientras que son 47 los menores asesinados por violencia machista desde 2013.
