Los ayuntamientos vascos ampliarán las plazas para cumplir penas con trabajos

El convenio, de carácter voluntario para los ayuntamientos, busca fortalecer la colaboración municipal en la gestión de las ejecutorias penales, que se ha visto afectada en los últimos dos años por las medidas y restricciones adoptadas para combatir la covid-19, que han reducido o imposibilitado la realización de ciertas actividades.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, y el presidente de Eudel y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, han firmado el documento en las instalaciones de Berjantzi (Cáritas), una de las entidades sociales que también participa de este programa de Justicia.

"Hoy, Eudel y el Gobierno vasco vamos a reforzar nuestra alianza. Una alianza que busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad", ha destacado la consejera.

Artolazabal ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para el cumplimiento de las TBC. "Necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario", ha explicado.

Asimismo, ha hecho extensiva esta petición a las entidades del Tercer Sector Social, ya involucradas en estos programas de cumplimiento de penas. En este sentido, la consejera ha explicado que son una alternativa para quien, por ejemplo, haya cometido un delito relacionado con el tráfico, la realización de talleres de seguridad vial o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro.

En el caso de los ayuntamientos, ha citado los trabajos en jardines, mobiliario urbano y servicios sociales. "Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado", ha señalado.

Tras afirmar que "incrementando el régimen de semilibertad disminuyen los índices de reincidencia", Artolazabal se ha dirigido a Gorka Urtaran para subrayar que el convenio les convierte en "cómplices" del modelo penitenciario vasco "con penas y medidas alternativas que propicien valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común".

El acto se ha celebrado en la sede de Berjantzi, en Vitoria-Gasteiz, ya que se trata de "una empresa diseñada para trabajar la inserción socio-laboral de personas en situación de dificultad social a través del reciclaje de ropa", ha explicado la consejera.

El presidente de Eudel y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, por su parte, ha coincidido con la consejera en la puesta en valor de los ayuntamientos como "aliados necesarios" para aumentar el número de plazas de TBC a través de los servicios municipales, y también en colaboración con las entidades del Tercer Sector.

En todo caso, ha explicado que las instituciones deberán velar por que el trabajo se adecue a las capacidades y habilidades de la persona que va a desempeñarlo, "siempre con un objetivo de utilidad pública".

"Nuestro compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral", ha explicado.

Urtaran ha destacado el "doble beneficio" que supone para la "calidad de vida de la persona, y a la vez, para el bienestar de la comunidad local, de la que también forma parte".

"Nuestro objetivo es involucrar a los ayuntamientos, mancomunidades y demás entidades locales para sumar entre todos más y mejores oportunidades para la resocialización de las personas penadas; y con ello, conseguir unos municipios más inclusivos y cohesionados socialmente", ha insistido.

ACUERDO Y COMPROMISOS

El acuerdo-marco firmado por el Gobierno vasco y Eudel pretende "afianzar el modelo de ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad bajo la perspectiva de la justicia restaurativa".

Además de los ayuntamientos vascos, en la gestión de estas penas también son parte importante las entidades sociales del Tercer Sector, como Cáritas y Berjantzi.

En este sentido, ambas instituciones han acordado promover y potenciar la oferta de plazas "mediante la suscripción de convenios de colaboración individualizado" que tendrán una vigencia de cuatro años.

Para ello se establecerá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, que tendría, al menos, una reunión al año.

El compromiso del Gobierno vasco es hacerse cargo de la cobertura de contingencias que corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social, así como de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del Ayuntamiento o Mancomunidad, tal y como recoge el acuerdo-marco.

Por su parte, las entidades locales deben reservar plazas para el cumplimiento de las penas, aportando los conocimientos y la preparación necesaria para que se pueda realizar el trabajo de manera eficaz. Cada entidad local deberá realizar el seguimiento del trabajo realizado y elaborar un informe de valoración una vez finalizado el plan de ejecución.

Además, "no tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo de la entidad local existentes o futuros". Finalmente, la persona penada no obtendrá ningún tipo de retribución por su actividad, ni tampoco tendrá relación contractual.

CIFRAS DE TBC

El Gobierno vasco ha explicado que las restricciones impuestas por la situación socio-sanitaria han condicionado "de una manera notoria" la gestión de las medidas ejecutorias penales de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).

En este sentido, ha indicado que el cierre de algunas entidades y las limitaciones de movilidad o de aforo han hecho "imposible" el desarrollo de algunas actividades. "Teniendo en cuenta que una misma persona puede acumular varias ejecutorias, la evolución de los datos es evidente", ha señalado.

En 2020, con las limitaciones anticovid activas, se contabilizaron 3.085 nuevas ejecutorias se añadieron a las 3.132 en desarrollo del año anterior, haciendo un total de 6.212 ejecutorias (Álava 1.346; Gipuzkoa 1.003, y Bizkaia 3.868). En 2021, llegaron 6.316 ejecutorias, que se unieron a las 5.701 de 2020 hasta hacer un total de 12.017 (Álava 2.545; Gipuzkoa 2.427 y Bizkaia 7.045).

"En este balance, es evidente que durante el año que estalló la pandemia la ejecución de medidas se vio seriamente afectada, quedando un porcentaje muy alto a desarrollar a lo largo del siguiente ejercicio", ha explicado el Gobierno Vasco .

En cuanto al perfil de las personas condenadas, se trata en su mayoría de hombres (89%) de entre 31 y 50 años. La mayoría de estas personas procede de Bizkaia, un 60% aproximadamente, mientras que Álava y Gipuzkoa se reparten el resto de porcentaje a partes iguales.

Entre los delitos más comunes se encuentran los relacionados con la seguridad vial, con el 30% de las ejecutorias, y violencia de género, con el 20%.

Además de los ayuntamientos vascos, numerosas entidades sociales, deportivas y culturales están involucradas siendo algunas de las más implicadas la Asociación Cultural Brasil-Euskadi, el centro de acogida de Deusto, Lagun Artean, el club deportivo Ariznabarra o los proyectos de reciclaje de ropa de Berjantzi en Araba, Oldberri en Gipuzkoa y Koopera Servicios Ambientales en Bizkaia.