Con motivo de la celebración del Día de las Personas Sin Hogar, este domingo 31 de octubre, Cáritas ha denunciado la situación de las personas sin hogar en España, un colectivo que, a su juicio, se encuentra "sin salida" ante "un sistema de protección que no funciona". La ONG quiere poner en el foco "las dificultades continuadas y permanentes" que afrontan estas personas para acceder a unos derechos fundamentales que, además, se han agravado en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia del Covid-19.
Es por eso que, junto con otras entidades del país que trabajan en esta materia, se ha lanzado una campaña bajo el lema '¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar'. Junto a Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao) demandan con esta iniciativa el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para reclamar a las administraciones públicas la puesta en marcha de una protección social adecuada, justa y digna para todas las personas, conforme a los derechos fundamentales.
UNA REALIZAD "CADA DÍA MÁS DIFÍCIL"
"Hablamos de una realidad que afecta a las aproximadamente 40.000 personas en situación de sinhogarismo acompañadas por Cáritas y a las 2.500.000 personas en extrema vulnerabilidad que existen hoy en nuestro país como consecuencia de los efectos de la crisis y que nos pide responder sin más dilaciones a los retos que esta emergencia humana nos lanza a todos", ha explicado Enrique Domínguez, responsable de Personas Sin Hogar de Cáritas Española.
Desde la entidad insisten en que la aparición del Covid-19 ha generado una "realidad extraordinaria" en la que las personas más frágiles y vulnerables viven "con mayor crudeza la desprotección social". Domínguez ha señalado, en este sentido, que la realidad que constatamos Cáritas y el resto de entidades es "cada día más compleja y difícil" para que estas personas puedan acceder a los derechos humanos y a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, así como para "mantener la esperanza de lograr salir de un círculo de pobreza y de la falta de oportunidades" que, ha denunciado, "día a día les va asfixiando más".
NUEVAS SITUACIONES DETECTADAS
La ONG ha apuntado que el Covid-19 ha supuesto "el agravamiento de situaciones de miles de personas que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada", o que incluso estaban ya "en situaciones de exclusión" y que, con el impacto añadido de la pandemia, "se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban".
En concreto, ha explicado, "los efectos más devastadores" se han detectado en personas sin título legal en sus alojamientos; personas que llevaban alojadas años en pensiones u hostales económicos que cerraron; mujeres que se han visto repentinamente en situación de calle; personas que han tenido que abandonar sus viviendas por la situación de hacinamiento; y temporeras sin una alternativa de alojamiento segura.
"En este ya más de año y medio desde que apareció la pandemia, el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha constatado situaciones de una gran desprotección social, personal, afectiva o emocional", ha advertido la entidad. Al respecto destaca que "más de la mitad de la población activa acompañada por Cáritas (53%) está en situación de desempleo" o que el 67% de las familias atendidas por Cáritas dicen contar con ninguna o insuficiente información como para tramitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
También denuncian que más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros; mientras que el 16% de las familias atendidas se han visto obligadas a cambiar de vivienda. Del mismo modo, señala que cerca de la mitad de hogares tienen graves dificultades para afrontar los gastos de alquiler o hipoteca (44%), así como los gastos de suministro asociados a la vivienda (47%), lo que supone un deterioro en sus condiciones de vida.
UN SISTEMA QUE FALLA
Ante este escenario, las entidades sociales denuncian las nuevas realidades de vulnerabilidad y deterioro de miles de personas y familias que, según señalan, "confirman que los sistemas de protección social han fallado y ha fragilizado aún más las ya de por sí debilitada situación de los más vulnerables".
Estas ONG aseguran que una consecuencia directa de las medidas de confinamiento y de mantenimiento de las medidas de protección sanitaria fue la reducción, o cancelación automática, de las intervenciones sociales y sanitarias presenciales. A su juicio, todo el sistema de protección social, ya fragilizado de por sí, se vio fuertemente resentido impactado, con lo que muchas personas con situaciones vitales muy complicadas no tuvieron otro remedio que paralizar o posponer procesos de acompañamiento personal, o de acceso a recursos y prestaciones sociales.
Es por eso, que reclaman un fortalecimiento de las políticas públicas, poniendo su foco en las personas más vulnerables que, advierten, "muchas veces son invisibles o ni siquiera están en el sistema". El objetivo debería ser, indican, facilitar su acceso a la protección social. También llaman a desarrollar medidas de carácter preventivo, y no meramente asistenciales; a no limitar las iniciativas a prestaciones económicas e incluir medidas de acompañamiento social a corto, medio y largo plazo; a tener en cuenta la participación de las personas vulnerables en el diseño de las políticas públicas; y a poner en valor acciones de evaluación y coordinación.
