-¿Qué es Gaylespol?
-Una asociación de policías LGTBI+ que surge en 2006 en Catalunya tras unas jornadas europeas. Une dos sustantivos: policía y homosexualidad. Hace unos años, la diversidad afectivo sexual estaba mucho más avanzada en Europa que en España, y de ahí surge la asociación con dos objetivos: visibilizar la diversidad afectivo-sexual dentro de los cuerpos de policía para que esa misma realidad se visualice en la sociedad para la que trabajamos. La idea es que se genere una sinergia formativa para eliminar la imagen de policía represora.
¿Va calando en el colectivo?
-Sin duda. A nivel estatal el mayor número de socios y socias es el de representantes de la Ertzaintza. En el Estado hay unos 240 integrantes. El grupo principal es el de policías locales, pero como organización, la Ertzaintza supera ampliamente a los Mossos d'Esquadra. Ahora mismo en la delegación de Euskadi somos unas 35 personas. Salvo dos que son policías locales, el resto son ertzainas. En ese sentido, por cierto, no se entiende muy bien que siendo la delegación de Euskadi tan potente se nos quiera ajustar al canon y al modelo asociativo de la actual junta directiva, con sede en Barcelona.
Se muestra crítico...
-Sí. Las asociaciones tienen que estar vivas y deben hablar en presente y futuro, no en pretérito perfecto. Se quiere imponer una línea continuista que no casa con el espíritu vasco. En 2023 hay elecciones. Veremos qué pasa.
De la policía no muy asertiva de otro tiempo se ha pasado a una de cercanía. ¿Está lo suficientemente cerca de los colectivos más vulnerables?
-Es lo que intentamos dando formación y mejorando los sistemas informáticos a la hora de asistir a las víctimas. Es importante la formación para saber cómo llevar a cabo la intervención en la calle con una víctima, por ejemplo, de la comunidad LGTBI+ Hay que evitar su revictimización.
¿Algún ejemplo?
-Desde la Fiscalía de Álava nos trasladaron un caso concreto. Se había elaborado un atestado en el que la víctima era una mujer trans, dato que no quedaba reflejado en ningún momento. Cuando el caso pasó al juzgado de instrucción de Vitoria nadie lo había reseñado. Cuando la víctima llegó a sala, hubo que volver a preguntarle cómo quería que se le llamara, dando pie a una revictimización que no es aceptable.
¿La importancia de un buen uso del lenguaje es importante al dirigirse a miembros de un colectivo que en ocasiones no solo no confían en la policía sino que la temen?
-Así es. Los colectivos LGTBI+, los gays en concreto, hemos asumido desde pequeños que te llamen maricón y que te puedan pegar. Es algo que lo tienes metido en el ADN. Es como la mujer víctima de violencia de género que asume que su marido le pegue porque la quiere. A lo largo de nuestro devenir, asumimos que casi está normalizado que nos puedan agredir. De ahí que sea complicado entender que la policía está para ayudarte y no para juzgarte. Inculcar esa imagen de cercanía, profesionalidad y respeto es la base de nuestro trabajo como formadores.
¿Hay muchos 'casos Samuel'?
-Tan graves como el de este joven asesinado, no. Agresiones, insultos y vejaciones, sí. Sigue habiendo una cifra negra de delitos vinculados con la orientación sexual.
¿Debe mejorar la coordinación entre instancias judiciales y policiales frente a los delitos de odio?
-Siempre. Somos una cadena y los eslabones tienen que estar fuertes. Cada uno tiene que saber el trabajo que debe desempeñar.
¿Hay casos de homofobia en los cuerpos de Seguridad de Euskadi?
-Puede haber casos, pero las actuaciones individuales de la policía no representan al conjunto de las acciones normalizadas y estandarizadas del colectivo policial. Podemos encontrar actuaciones como la de los agentes de la Policía Local de Benidorm que sometieron a vejaciones a una mujer trans en verano de 2019. ¿Se puede decir por ello que la Policía Local de Benidorm es homófoba? Evidentemente, no.
Un delito de robo con violencia está claramente tipificado en el Código Penal. Con el de odio no ocurre lo mismo. ¿Cómo darle el cauce adecuado?
-Nuestro objetivo al ofrecer formación es que los agentes puedan articular el atestado policial de tal manera que no se pierdan los contenidos de la carga de prueba. Para ello hace falta explicar bien el cambio legislativo introducido en el Código Penal en 2015.