fianzar los cimientos de una España más verde es uno de los firmes objetivos de la primera ley climática aprobada el jueves en el Congreso, que fija su horizonte en una mayor resiliencia ante los impactos del clima y en el uso del coche eléctrico y de la energías limpias, y sitúa en 2050 el fin de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuatro años después de la ratificación española del Acuerdo de París ante las Naciones Unidas, el texto está aún pendiente de su último trámite en el Senado, que, si no incluye modificaciones en el articulado, podría aprobarse rápidamente sin necesidad de ser debatida en el pleno del Congreso.

La ley parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática.

La futura normativa adoptará medidas concretas para impulsar las energías renovables, el fin de las exploraciones de hidrocarburos y de la minería radiactiva, además de planes para canalizar mejor los fondos europeos de recuperación.

La norma no se olvida de las ciudades, que se prevén más verdes y respetuosas con los límites del planeta, y donde el ciudadano será el centro de las mismas habilitando zonas de bajas emisiones en las urbes, no más tarde de 2023, con el fin de reducir la contaminación atmosférica y las emisiones de dióxido de carbono.

Mitigar el cambio climático se impartirá próximamente en los colegios e institutos y se dará prioridad a una dieta sostenible en la que se primen los alimentos de temporada y proximidad para evitar el uso de productos alimenticios de terceros países y evitar así un aumento del gasto y de la huella ecológica.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, opina que la aprobación de la Ley contra el Cambio Climático es resultado de que "hay una conciencia muy fuerte y esto supone un desafío grande para la economía y las personas. Ribera sostiene que "lo importante es reducir los problemas que están detrás y estar preparado a para abordar los impactos. Nos da un marco muy potente para empezar".

La lucha contra el cambio climático es, en su opinión, mejorar la relación con la economía, con las personas, con nuestro modo de producir siendo más eficiente.

"Hemos procurado ser lo más ambiciosos posible en lo que creemos que somos capaces de explicar cómo conseguirlo, sabiendo que iba a ser exigente pero una vez que empezamos a sentar las bases de un cambio, esto se puede acelerar", remarcó la ministra de Transición Ecológica al respecto de la nueva ley. "Hay una convicción de que esto hay que acelerarlo. Si las cosas van bien ojalá podemos superar los objetivos de la ley", añadió.

Las claves que incorpora la nueva normativa de cambio climático y transición energética son los siguientes:

En 2030 deberá alcanzarse una penetración de energía renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la normativa comunitaria.

Antes de alcanzar la mitad de siglo, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable y compatible con la conservación del patrimonio natural y con combatir el deterioro demográfico.

Ante el nuevo contexto energético, la norma establece realizar, en un año, una reforma que incluya aspectos como la participación de los consumidores en mercados energéticos, el acceso de los consumidores de energía a sus datos e inversiones en generación distribuida, o los mercados locales de energía.

Elaboración de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana que fomente el autoconsumo, instalaciones fotovoltaicas en las comunidades de vecinos y calefacción y refrigeración con cero emisiones.

No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en todo el territorio, ni permisos vinculados a recursos radiactivos como el uranio, ni el uso del fracking.

Fomentar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos para facilitar la transición en el transporte aéreo, marítimo y pesado.

Los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a uso comercial, reducirán paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones 0.

En el dominio público marítimo terrestre, los títulos de ocupación se computarán desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, sin superar los plazos establecidos en la ley de costas, por un período máximo computable para la ocupación de 75 años.

Aprobación de planes nacionales de adaptación a impactos del cambio climático y compromisos clave de futuro como una ley de movilidad sostenible, una revisión del sistema energético y un impulso al ferrocarril como transporte para reducir emisiones.

Creación de un comité de expertos científicos en clima y transición energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones en ambas cuestiones.