- El Congreso aprobó ayer por mayoría el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética pendiente ya solo de su último trámite en el Senado y cuyos objetivos incluyen acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, dio luz verde -22 votos a favor, cinco en contra y diez abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno.
La futura ley fue apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Teruel Existe y ERC; el Partido Popular y Más País se abstuvieron y Vox fue el único partido que votó en contra. La “falta de consenso, diálogo y de ambición climática de la futura ley”, referida por una gran mayoría de los partidos, planeó durante todo el debate, ante una norma que podría entrar en vigor este mismo abril, dada su tramitación urgente, y que ha contado con una gran cantidad de enmiendas, más de 750.
Entre sus objetivos, la futura norma, que cuenta con 36 artículos, parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990 (tres puntos más del texto que el Gobierno envió al Congreso hace ahora casi un año), y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática. En concreto, respecto a este último hito, la ley establece el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Los objetivos de la ley se fijan en el horizonte de 2030 la mencionada reducción de las emisiones de CO2 del 23%; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42%; un 74% de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5%.
Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023, impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las renovables -compatible con el cuidado del patrimonio natural-.
Los partidos que apoyan al Gobierno han consensuado con varios grupos parlamentarios entre ellos PP, ERC y C’s, crear, en el plazo de seis meses tras la aprobación de la norma, un grupo de expertos para analizar una reforma fiscal dirigida a plantear la fiscalidad verde. No obstante, los grupos han pactado que toda modificación en materia de fiscalidad verde irán “acompasadas con la situación económica”.
Durante debate, el PP fue muy crítico con una norma que tilda de “mala, perjudicial para muchos y sobre todo de desprecio a la España rural”. Para el PSOE, la de ayer fue una jornada “histórica” por la aprobación de un texto climático que ha gozado de un “diálogo constante”, reflejado en la cantidad de enmiendas presentadas para enriquecerlo y que demuestran la “fuerte voluntad” para sacar una norma vital para el futuro. En la misma línea, Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) afirmó que es “una buena ley” que acaba con “una estrategia de negacionismo” padecida en España durante años.
El PNV, por su parte, explicó su apoyo a esta norma “necesaria y urgente” y defendió una transición energética “justa y flexible, de la mano de una política tecnológica e industrial innovadora y sostenible capaz de generar empleo de calidad y construyendo consensos”. Asimismo destacó un cambio de talante en los grupos que sustentan al Gobierno que ha permitido incorporar enmiendas “que impulsan la competitividad de las empresas y que respetan el ámbito competencial vasco”.
EH Bildu destacó la necesidad de una normativa “más ambiciosa” en cuanto al volumen de emisiones, pero considera el texto aprobado necesario para salvaguardar “la pervivencia del planeta en estos tiempos de covid”.
Vox lamentó el rechazo de su enmienda a la totalidad y reclamó descartar las medidas que encarecen la energía.