- La tramitación de una nueva ley trans, que PSOE y Unidas Podemos pactaron en el acuerdo de coalición, ha abierto un nuevo frente de batalla entre las dos formaciones y una agria brecha dentro del movimiento feminista y, mientras el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, pretende aprobar el texto en Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, los socialistas hablan de que la negociación acaba de empezar y las posturas son alejadas.
El borrador de la ley trans incluye la despatologización de la transexualidad y reconoce la autodeterminación del género -también para los menores, que podrían decidir a qué género pertenecen sin informe médico a partir de los 16 años-, mientras que la ley de igualdad LGTBI prevé sanciones de hasta 150.000 euros para conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso.
En este sentido, el foco de discusión entre ambas formaciones sobre la llamada autodeterminación de género estaría en la posibilidad de cambiar de nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin examen médico, y sin más requisitos que la “declaración expresa” de la persona interesada en realizar este cambio, que podría, asimismo, iniciar un tratamiento hormonal desde la pubertad.
La parte socialista de Moncloa insiste en que el borrador inicial sobre la denominada ley trans -capitaneada por la ministra Irene Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo- está recién iniciada y que solo recoge “las posiciones de Unidas Podemos”, una postura que desmiente la titular de Igualdad, que asegura que confía en que la negociación termine en acuerdo en pocos días ya que “se parte de un consenso y solo hay que limar matices, no diferencias”.
Unas afirmaciones que contrastan con el mensaje de los socialistas, que hablan de que posturas alejadas, de que la negociación está recién iniciada y de que el borrador aún no cuenta con los informes preceptivos de los ministerios afectados, el de Sanidad y el de Justicia.
Ante el anuncio de Unidas Podemos de la “inminente” aprobación de la ley trans, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres aseguró ayer que le llama la atención la “falta de receptividad” del Ministerio de Igualdad hacia las peticiones que ha realizado el movimiento feminista en relación a su contenido y acusan a Montero de legislar de “manera contraria al feminismo”.
Para la portavoz de la Alianza, Alicia Miyares, la norma genera una “confusión consciente” entre sexo y género utilizándolos “indistintamente” y acusa al Ministerio de usar a las personas trans de “parapeto” introducir en la legislación española “algo tan lesivo para mujeres y trans como la eliminación del sexo en Registro Civil”.
Con estas declaraciones, Miyares se refiere a la decisión de Igualdad de poner la identidad de género y no el sexo en el centro de la Ley trans, una decisión que, según la Alianza, permitiría que “cualquier hombre que se autodetermine mujer” pueda acceder a las “cuotas reservadas” y “espacios específicos” para mujeres.
Por su parte, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, subrayó que “los textos presentados por el Gobierno son asumibles y rigurosos, fruto de un trabajo minucioso” e insistió en que durante la negociación con los partidos, pedirán que se garanticen todos los derechos para que se dé respuestas a todas las necesidades del colectivo LGTBI.
Los textos recogen algunas de las demandas históricas del colectivo como el reconocimiento de las identidades trans independientemente de la edad, sin que se sigan considerando personas enfermas, el derecho de las parejas de mujeres a filiar a sus descendientes en igualdad de condiciones a las parejas mixtas o la prohibición de las supuestas terapias de reconversión, entre otras.
Autodeterminación de género. Este concepto, incluido en el primer borrador de la ley trans supone que cualquier persona puede cambiar su nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa y sin necesidad de examen médico, a partir de los 16 años, también edad mínima para decidir sobre tratamientos hormonales.
Despatologización de la transexualidad. El borrador incluye la despatologización de la transexualidad, es decir, que las personas trans no se consideren personas enfermas y la prohibición de las supuestas terapias de reconversión, entre otras.
Identidades no binarias. La norma prevé el reconocimiento de las identidades no binarias, -aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres- y la posibilidad de eliminar la mención al sexo en los documentos oficiales. También abre el acceso a tratamientos reproductivos “a las personas trans con capacidad de gestar”.
150.000
La norma LGTBI prevé sanciones de hasta 150.000 euros para conductas discriminatorias muy graves, entre las que se incluyen las terapias de conversión de la orientación sexual o el acoso.
