- El Presupuesto de la viceconsejería de Políticas Sociales se incrementará un 13,5%, más de veinte millones, para paliar el impacto social provocado por la pandemia de covid-19. Las partidas más significativas son las de las Ayudas de Emergencia Social (AES), que suben en 15 millones y llegan a 42,5 millones, y el Fondo Inor Atzean Utzi Gabe para el tercer sector, que cuenta con 8,6 millones y una reserva de 1,9 millones para futuras necesidades, según detalló en el Parlamento la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
La consejera también incluyó aquí el programa contra la brecha digital escolar, que cuenta con 1,3 millones y que pasará a ser “permanente” tras crearse como consecuencia de la enseñanza a distancia implantada durante el confinamiento. En total, el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales contará con 461,4 millones (+7,6%), de los que 129 millones son para gastos de personal (la gran mayoría en Justicia) y 332 millones es el disponible efectivo, que crece un 9,3% (28 millones más) con respecto a 2020 y un nuevo “techo histórico”.
“Las políticas de igualdad, la lucha contra la exclusión social, la cooperación al desarrollo o la modernización de la justicia no solo no se ven frenadas, sino que se ven reforzadas incluso antes de poder acceder a fondos europeos” y pese a la caída de la recaudación, destacó Artolazabal.
El despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales contará con 14 millones, habrá 42 millones para ayudas a la conciliación y se creará una nueva dirección de Migración y Asilo. Emakunde tendrá algo más de 7 millones, lo que supone 1,1 millones más que en 2020. En esta área, la consejera destacó las subvenciones destinadas a las asociaciones que trabajan en la prevención de la violencia contra las mujeres.
La dirección de Juventud contará con más de 7,6 millones de euros, de los que invertirá 1,15 en la realización de un diagnóstico sobre los procesos de emancipación juvenil.
Derechos Humanos tiene asignados más de 58 millones, con 2 millones para el pago de las primeras indemnizaciones a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que hayan sido reconocidas. Para cooperación al desarrollo se destinan unos 50 millones a través de eLankidetza, que “seguirá siendo la agencia de cooperación descentralizada con mayor presupuesto en el mundo por delante de agencias de referencia como Flandes, Baviera, Cataluña, la ciudad de Hamburgo o Valonia”, incidió la consejera.
