- Hace pocos días trascendían las conclusiones de un informe de parte -elaborado sobre el terreno por técnicos del Departamento de Ambiente del Gobierno Vasco- que dejaba constancia de dos hechos: no se han hallado residuos ilegales en la gigantesca lengua que inundó de basuras el núcleo de Eitzaga y que los restos de amianto localizados en alguna de las 38 zonas exploradas estaban debidamente empaquetados e identificados. Unas conclusiones que podrán ser incorporadas a la demanda de información cursada por la Unión Europea sobre el desastre ambiental que provocó la muerte de Alberto Sololuze y de Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo aún no sido localizado, siete meses después del colapso del vertedero en el que trabajaban.

Ese informe de 53 páginas irá acompañado de otro. Esta vez, una auditoría externa -encargada por el Ejecutivo vasco a una firma de reconocido prestigio internacional- sobre los controles periódicos a la actividad de la planta gestionada por Verter Recycling. Y las conclusiones de este último documento despejan cualquier conjetura sobre la labor de vigilancia y control del personal técnico del Departamento de Medio Ambiente encargado de hacer cumplir las normativas ambientales. En concreto, el dossier validado por la consultora británica Ricardo Energy & Environment concluye que tanto las condiciones establecidas para el funcionamiento del vertedero en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) como el seguimiento y control de las mismas “se ajustó a las directivas europeas que regulan estas instalaciones y al resto de normativa aplicable”.

El encargo de esta auditoria externa se hizo para saber si las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a Verter Recycling en 2007 y sus posteriores modificaciones se ajustaban a los requisitos recogidos en las directivas europeas sobre residuos, vertederos y emisiones industriales, así como a la normativa estatal y vasca que las desarrollan. Asimismo, tenía como objetivo analizar si la labor de inspección y control por parte del Departamento de Medio Ambiente se realizó “conforme a lo que marca la legislación”.

Para la realización del informe, de 50 páginas, la consultora británica ha analizado el contenido de la Autorización Ambiental Integrada concedida a Verter Recycling en junio de 2007, así como la resolución de marzo de 2011 que permitió el inicio de la actividad del vertedero, y las de septiembre de 2013 y noviembre de 2016 que modificaron algunos aspectos de la AAI original. Asimismo, los auditores han tenido a su disposición toda la documentación de que dispone el Departamento, entre las que destaca “el sumario histórico documental” del expediente completo de la AAI, incluyendo todas las Resoluciones que establecen o modifican condiciones de la instalación; los planes de inspección ambiental 2019-2026 y 2011-2018; el programa de Inspección y Control ambiental 2019, así como programas de los años anteriores.

El informe en cuestión revisa la evolución cronológica del vertedero y sus instalaciones desde que solicitó la AAI en 2004 y la coteja con la legislación que debe cumplir para poder operar. En lo que respecta al análisis de la Autorización Ambiental concedida a Verter Recycling, una vez contrastadas las condiciones fijadas con el marco legislativo exigible, la auditoria determina que la AAI del vertedero de Zaldibar “cumple con todos los requerimientos legales”. Repara, eso sí, en un detalle “menor”: que la autorización debería haber fijado requisitos para el “uso eficiente de la energía” y unos límites más precisos para las “emisiones difusas de contaminantes” destinados a evitar la emisión de polvo al aire, apuntaban desde el Departamento de Medio Ambiente.

En cuanto a si las actividades del vertedero han sido convenientemente controladas conforme a lo que marca la legislación y la AAI por parte del Departamento de Medio Ambiente, los auditores de la consultora británica “confirman que ha existido un control efectivo de la instalación por parte de la Administración ambiental”. Eso sí, se ha identificado una “no conformidad” -calificada por la consultora de “tipo menor”- en la inspección y control de la instalación consistente en que “el Plan de Inspección y Control no dispone de un registro que detalle cuáles son las empresas sometidas al plan”. En cualquier caso, destacan que se trata de “un asunto que no tiene consecuencias” para el seguimiento y control realizado sobre las instalaciones colapsadas.

Si bien el vertedero de Zaldibar fue objeto de siete inspecciones -cuatro de seguimiento y tres genéricas- en sus nueve años de actividad, la firma auditora aporta alguna sugerencia de mejora. En concreto, plantea que la frecuencia de las inspecciones se establezcan de una manera más flexible en instalaciones de estas características. Esta práctica es, a su juicio, más eficaz que fijar plazos de 1, 2 o 3 años en función de la valoración del riesgo, aumentando para ello la frecuencia de inspección; o que se concrete en todos los planes aplicables la obligación, en el caso de detectarse incumplimientos graves, de realizar una visita adicional de comprobación dentro de los seis meses siguientes, como ya se recoge en el Procedimiento para la inspección programada de Actividades IPPC del Departamento.

Tras estas observaciones, Ricardo Energy & Environment aprecia que las inspecciones realizadas están “bien estructuradas y son minuciosas”, y que los incumplimientos identificados tuvieron “un seguimiento adecuado por parte de la Administración Ambiental con la entidad operadora del vertedero”. Constata también que el funcionamiento de Verter Recycling frente a las condiciones de la AAI “se deterioraron” en 2019, como ya quedó reflejado en la inspección realizada en junio del año pasado.

Conclusión

Como conclusión general, la firma auditora británica Ricargo Energy & Environment considera que el Departamento de Medio Ambiente cumplió con los requisitos de control que establecen tanto la Directiva europea de vertederos como la de Emisiones Industriales.

Compromiso

El informe se enviará al Juzgado de Durango que investiga el caso y a la Ertzaintza, así como al comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, y también al nuevo Parlamento Vasco. “Todo ello responde al compromiso de ofrecer la máxima transparencia y colaborar activamente en el esclarecimiento de las causas del deslizamiento del vertedero”.

Mejoras

Según Medio Ambiente, la auditoría externa “únicamente hace la matización” de que la autorización debería haber fijado requisitos para el “uso eficiente de la energía” y unos límites más precisos para las “emisiones difusas de contaminantes” destinados a evitar la emisión de polvo al aire. El dossier también aporta alguna sugerencia de mejora. Por ejemplo, que la frecuencia de las inspecciones se establezca de una manera más flexible en este tipo de instalaciones: mejor que el método actual de fijar plazos de 1, 2 o 3 años en función de la valoración del riesgo, aumentando para ello la frecuencia de inspección. También propone que se concrete la obligación, en el caso de detectarse incumplimientos graves, de realizar una visita adicional de comprobación dentro de los seis meses siguientes.