- La prisión permanente llegó a España en julio de 2015 rodeada de polémica y con el rechazo frontal de la oposición, que la puso en manos del Tribunal Constitucional. Sin sentencia cinco años después, los tribunales han dictado hasta el momento 16 condenas, dos de las cuales han sido anuladas.
Diseñada por el Gobierno del PP para los asesinatos considerados más graves y con víctimas especialmente vulnerables, el máximo castigo penal se ha impuesto en algunos de los crímenes con más resonancia mediática de los últimos años, como el del niño Gabriel Cruz o el de la joven Diana Quer.
Salió adelante con la mayoría absoluta de los populares hace cinco años y, aunque varias asociaciones de víctimas y familiares la apoyaron, toda la oposición se pronunció en contra, equiparándola a una "cadena perpetua encubierta" y tachándola de ejercicio de "populismo penal".
Recurrieron el castigo al Tribunal Constitucional al considerar que vulneraba una serie de artículos de la Carta Magna, entre ellos el que prohíbe penas inhumanas, y que restringía la posibilidad de reinserción.
Fue el PSOE quien elaboró ese recurso, si bien una vez en La Moncloa y con la posibilidad en su mano de derogarla, los socialistas han preferido esperar a conocer el dictamen del tribunal de garantías.
En marzo de 2018, con el PP todavía en el Gobierno, el Congreso dio pasos para derogar esta figura, en contra de la postura del Partido Popular -que se pronunció a favor de ampliarla- y de Ciudadanos -partidario de restringir el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios-, pero la iniciativa, impulsada por el PNV, acabó congelada en la Cámara Baja.
Ya con el PSOE en Moncloa, la anterior ministra de Justicia y hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llegó a tachar esta pena de "inhumana", pero apostó por esperar a conocer la postura del Constitucional. Y ahí permanece el recurso, que todavía no ha sido sometido al debate del pleno de los doce magistrados.
Con este escenario, la máxima pena privativa de libertad sigue en vigor y los tribunales, de acuerdo o no con ella, continúan aplicándola. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del año pasado, se aplicó este castigo en el 58,8% de los casos en los que fue solicitado.
Abrió la veda en 2017 la Audiencia de Pontevedra, que se la impuso al conocido como el parricida de Moraña, que confesó haber matado a sus dos hijas de 9 y 4 años de forma brutal con una sierra radial y aceptó la petición de pena del fiscal.
La segunda llegó ya en 2018, en Tenerife, y fue anulada después por el Tribunal Supremo por la aplicación indebida de una agravante. En diciembre del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló otra prisión permanente, dictada en Toledo, y ordenó repetir el juicio por falta de motivación de algunos aspectos del veredicto del jurado.
Hasta el momento solo dos mujeres han sido castigadas a la pena máxima: Ana Julia Quezada, condenada en septiembre de 2019 por el asesinato del niño Gabriel en Almería; y una madre que mató a su hija de 9 años al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en la vivienda familiar del barrio de Atxuri, en Bilbao.
Esta última sentencia fue ejemplo de que los magistrados, sujetos al Código Penal, no siempre han estado de acuerdo con este castigo.
La presidenta del tribunal admitió que no tenía "otra alternativa" que condenar a la acusada a "cadena perpetua", una pena que, dijo, es "de excesiva dureza", y recordó que si el TC la declarase inconstitucional, "es obvio" que se podría revisar a favor de la condenada.
También el Supremo, en la sentencia en la que revocó una condena a prisión permanente, hizo referencia al castigo como "pena de prisión perpetua" que, no solo "compromete a perpetuidad la libertad del condenado, sino también su propia dignidad".
Pero más allá de esa resolución, que rebajó a 24 años de prisión la condena a un hombre que mató a golpes al abuelo de su exnovia en Tenerife, el alto tribunal ha dictado varias sentencias en las que ha avalado la aplicación de esta pena.
La última fue la del caso de Pioz (Guadalajara), donde elevó de una a tres las condenas a prisión permanente a Patrick Nogueira por el asesinato de sus tíos y sus dos primos.
De las 16 condenas dictadas hasta ahora, la última la impuso la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife el 14 de febrero a un hombre de 57 años que mató a golpes a su tía de 60, que tenía una discapacidad del 62%, con la que convivía y a quien agredió brutalmente durante días.
Son ocho los supuestos para aplicar este castigo. Acarrea el cumplimiento íntegro de entre 25 y 35 años, dependiendo del tipo del delito y de si la pena es por uno o varios hechos, tras lo cual se revisará.
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Los tribunales han dictado 16 condenas, dos de las cuales han sido anuladas. Los condenados por crímenes con resonancia más mediática han sido Anajulia Quezada, por el niño Gabriel y El Chicle, por Diana Quer.
