Un informe propone un código ético para las empresas vascas de armamento

El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU presentó ayer el informe Comercio y exportación de armas en Euskadi. El papel de las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del marco jurídico aplicable, junto a sus compañeros José Luis Iriarte, Cayetana Santaolalla y Unai Belintxon. “La conclusión que extraíamos era que Euskadi y el Gobierno Vasco carecen de competencias para poder mejorar, instaurar, desde el punto de vista normativo, un régimen de mayor competencia, poder participar en las más que necesarias actualizaciones de buena parte de los bloques normativos. Desgraciadamente, desde un punto de vista jurídico competencial no hay margen de maniobra”, subrayó Álvarez. Sin embargo, “sí cabe tratar de avanzar en una vía de autorregulación, tanto en una dimensión estrictamente privada, los códigos de conducta de las respectivas empresas, como en cooperación público-privada”, ahondó.

“En opinión del Gobierno Vasco, la aplicación de los máximos estándares de transparencia, seguimiento y control de las exportaciones de armas es un imperativo normativo y es un medio de contribución decisiva para la seguridad, la paz y la defensa de los derechos humanos y para defender también la vida de las personas”, señaló Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, presente también en la presentación del informe. “Por esa razón y a pesar de conocer que la competencia de marina mercante ni de puertos de interés general ni en materia de comercio exterior de armas o industria armamentística están en nuestra mano, desde la ética y el compromiso firme y reiterado con los derechos humanos, consideramos que nos correspondía analizar desde un punto de vista técnico cuál es nuestro margen de actuación en una materia como esta y qué podemos hacer para mejorar en su gestión”, manifestó.

Es por ello que la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco solicitó al Instituto de Gobernanza Democrática-Globernance un “informe riguroso que determine claramente cuál es el marco jurídico de aplicación al comercio de exportación de armas en Euskadi en relación con el derecho internacional de los derechos humanos y, dentro de ese marco, cuál es el papel que podemos desempeñar las instituciones vascas para la mejora de la transparencia, el control de las exportaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico”, apuntó Hernando.

Código de conducta El documento constata el “escaso número” de empresas vascas del sector que disponen de un código ético o de conducta abierto y público referido a materias como la protección de los derechos humanos. Y, en el caso de que los tengan, son “ambiguos y generalistas”. Los autores del informe accedieron a la información pública de más de ochenta empresas vascas que directa o indirectamente fabrican, transfieren, exportan, producen o suministran material de defensa, armas, munición o tecnología y productos de doble uso.

Sin embargo, se toparon con un muro cuando quisieron conocer el volumen de exportaciones de armamento. “Ha sido imposible rastrear las exportaciones de comercio de armas efectuadas por empresas, vascas o de otro territorio de España, porque no hay información. Se ha intentado obtener información a través de la Agencia Tributaria, pero hay opacidad y oscurantismo. Ha sido imposible obtener datos”, lamentó Cayetana Santaolalla. La doctora en Derecho detalló que para elaborar el documento “no hemos pedido información a las empresas, hemos analizado los códigos de conducta que eran públicos”. Y destacó también el hecho de que “la Agencia Tributaria no está obligando (a las empresas) a que esas operaciones sean públicas”.

Los autores del informe proponen también la creación de un observatorio público de los derechos humanos y el derecho humanitario o la creación de una comisión de conducta de buen comercio, integrada por representantes de las administraciones públicas, empresas del sector, clientes y sociedad civil. Al respecto, Hernando destacó que el Gobierno Vasco leerá y analizará el informe “con mucha calma y detenimiento y, desde luego, va a dar pasos en esta materia”.

Más de ochenta empresas. Los autores del informe accedieron a la información pública de más de ochenta empresas vascas que directa o indirectamente fabrican, transfieren, exportan, producen o suministran material de defensa, armas, munición o tecnología y productos de doble uso.

“Ambiguos y generalistas”. El informe constata el “escaso número” de empresas vascas del sector que disponen de un código ético o de conducta abierto y público referido a materias como la protección de los derechos humanos. Y, en el caso de que los tengan, son “ambiguos y generalistas”.

Falta de transparencia. Según el informe, a la hora de constatar y/o contrastar los datos de exportación de armamento con origen en España, la información es sesgada y parcial. Cuestión que por norma no acaece en otro tipo de mercancías.