Los tribunales han rechazado por tercera vez que Osakidetza se persone como "perjudicada" en la investigación abierta en un juzgado de Gasteiz por las presuntas filtraciones registradas en la última Oferta Pública de Empleo (OPE).
GASTEIZ. En esta ocasión ha sido la Audiencia Provincial de Araba la que ha rechazado esta pretensión, según ha informado el sindicato ESK, quien ha asegurado que este tribunal ha "echado por tierra, uno a uno, todos los argumentos presentados" por el Servicio Vasco de Salud.
El tribunal remarca que Osakidetza no ha aclarado a día de hoy de qué modo quiere actuar como perjudicado y recuerda que en la apelación debía demostrarlo. El Servicio Vasco de Salud aduce que es parte ofendida, invocando un supuesto daño moral, pero según se recoge en el auto de la Audiencia Provincial, el ordenamiento jurídico marca que dicho daño moral ha de ser mesurable, cosa que Osakidetza no hace.
El Servicio Vasco de Salud también menciona la posibilidad de que sea responsable civil de los hechos investigados, pero según ESK, el auto "marca claramente" que la "mera posibilidad no es motivo para tenerla como parte interesada".
El sindicato, que sí está personado como acusación popular, considera que es "obvio" que Osakidetza está interesada en conocer el desarrollo de la investigación abierta y que tras su argumentación "se esconde su intención de acotar daños", mostrando el caso como un hecho aislado, cuyos únicos responsables son las tres personas imputadas por el momento y negándose a reconocer un sistema "estructural y clientelar" a la hora de adjudicar las plazas en determinadas categorías de especialidades médicas.
Osakidetza recurrió ante la Audiencia Provincial de Álava la segunda negativa del Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, que investiga el caso, de personarse en el procedimiento y ahora no cabe recurso ordinario contra esta última decisión.
En esta causa, que provocó entre otras la dimisión del anterior consejero de Salud, Jon Darpón, están imputados por el momento tres médicos como presuntos responsables de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secreto por funcionario público por supuestamente haber filtrado a algunos opositores las pruebas de los exámenes en las especialidades de Digestivo, Angiología y Anestesiología.
