BILBAO. El Ejecutivo vasco indica, en su orden, que es "necesaria e imprescindible" una ponderación entre los intereses en juego y precisa que hay que tener en cuenta que se trata de una huelga convocada en el ámbito educativo del sector de la enseñanza concertada y que son ocho días consecutivos completos.

El Ejecutivo señala que hay que partir de la premisa de que el derecho a la educación es un derecho fundamental y recuerda que se verán afectados 107.000 alumnos.

El Gobierno vasco entiende como servicio mínimo el garantizar el control de acceso a los centros docentes y edificios vinculados tendente a preservar, "como mínimo, el acceso del personal que opte por no ejercer el derecho a la huelga, así como el de los estudiantes, dado que sin la apertura de los centros se impediría de plano e injustificadamente su correlativo derecho al trabajo y a la educación".

Asimismo, señala que la apertura de los centros educativos no universitarios no solo exige actuaciones materiales de "abrir el centro", sino también realizar "rutinas de funcionamiento estrictamente necesarias" de la función o actividad docentes, de las referidas a instalaciones o elementos materiales, y de vigilancia y custodia que se da en ellos".

Tras indicar que no se puede exigir a los menores el mismo grado de madurez en su actuar que a una persona adulta, establece en estos centros, como servicio mínimo adicional, la presencia durante la huelga de personas con "potestad de mando y/o dirección para exigir que el celo preventivo y de seguridad se concentre en aquellos puntos donde objetivamente existe un foco de peligro potencial para los menores".

El Gobierno vasco indica que ello y el hecho de que la huelga se realice durante ocho días consecutivos y que sea la tercera en el presente curso escolar hace preciso "un replanteamiento" de los servicios mínimos que hasta la fecha se venían estableciendo para "garantizar la seguridad del alumnado, especialmente para los centros de infantil y primaria, y para aquellos en los que exista alumnado con necesidades educativas especiales".

Por ello, considera necesario que, además de las personas que habitualmente se designaban para la apertura del centro -una persona del equipo directivo y un subalterno por turno para cada centro y en cada edificio vinculado- se aumenten los profesores que proporcionen "una mayor seguridad al alumnado", ya que, en una huelga de ocho días consecutivos, es "previsible" que acudan "en mayor número".

En el caso de los colegios de educación especial o las aulas estables de educación especial, dice que sus alumnos requieren apoyos generalizados que precisan una atención "muy individualizada y recursos intensivos y continuados".

Por lo tanto, el Gobierno vasco ha resuelto que, para garantizar el control de acceso a los centros, por cada centro educativo y en cada edificio vinculado, se mantiene, como en anteriores huelgas, una persona del equipo directivo y una de la plantilla de subalternos para el turno de mañana y otra para el turno de tarde.

Sin embargo, para estas huelgas el Gobierno vasco ha decidido que, con el objetivo de "salvaguardar la función de protección", a esos servicios mínimos se añadirán para los centros ordinarios un profesor para educación infantil y uno para educación primaria. En ambos casos se añadirá un docente más a partir de 100 alumnos matriculados.

También se fija un profesor para ESO, Bachiller y Formación Profesional y en los centros con aulas estables de educación especial y, solo en estas aulas, el 50% del personal habitual en dichas aulas. En el caso de los centros de educación especial, los servicios mínimos serán el 50% del personal habitual en las aulas.