En noviembre de 2012, la vecina de Barakaldo Amaia Egaña se suicidó arrojándose desde la ventana de su piso en el barrio Urban cuando la comitiva judicial llamaba a su puerta para proceder al desahucio. Seis años después, la muerte en circunstancias muy similares de Alicia del Moral en Madrid, vuelve a mostrar la cara más cruel de los desalojos forzosos de viviendas. Detrás de la muerte de Amaia estaba un desahucio por impago hipotecario, tras el suicidio de Alicia hay un desalojo motivado por su incapacidad económica para seguir pagando el alquiler.
El caso de Amaia abrió un debate sobre la indefensión frente a las entidades financieras de las personas con una hipoteca contratada y posibilitó la adopción de medidas y protocolos de protección, estableciendo cautelas y moratorias obligatorias antes de proceder a una ejecución hipotecaria y poder expulsar a una familia de su hogar. Ahora, con el suicidio de Alicia, que iba a ser desahuciada porque no podía pagar el alquiler del pequeño piso en el que vivía en Chamberí, ha aflorado una realidad creciente e igual de dolorosa: los desahucios forzosos por impago de rentas y en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya ocasionan seis de cada diez lanzamientos. Una realidad de la que en Euskadi también hay numerosos ejemplos y casos que se multiplican al mismo ritmo que se encarecen los alquileres.
David González, de la asociación Berri-Otxoak, destaca que “tan solo en Barakaldo se registran cuatro desahucios a la semana de personas que viven de alquiler”. Explica que la mayoría de estas situaciones “se sufren en silencio, no se denuncian ante la opinión pública” y solo unas pocas personas desahuciadas dan el paso de exponer la angustia que viven cuando están a punto de perder su techo y carecen de alternativas viables. La semana pasada la asociación social de Ezkerraldea realizó varias acciones para denunciar la situación de una familia de Barakaldo con una orden inminente de desahucio de la vivienda que tienen alquilada. “Generalmente los inquilinos dejan la casa sin hacer ruido, nosotros hemos sacado este caso a la calle porque lo normal es ocultar los desahucios, muchas personas no lo denuncian, pero no se puede decir que se vayan de sus casas voluntariamente, se van forzados”, explica González.
En aumento Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en los seis primeros meses de 2018 en la Comunidad Autónoma Vasca se realizaron 467 lanzamientos (desahucios) de viviendas en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que significa que en la inmensa mayoría de los casos la decisión de los organismos judiciales obligó a los inquilinos a abandonar la vivienda arrendada tras una serie de impagos del alquiler. En el conjunto del Estado español se realizaron 20.210 desahucios de viviendas en arrendamiento y en el segundo trimestre (10.491 lanzamientos) hubo un incremento superior al 6% sobre los datos de los tres primeros meses (9.719).
Estas cifras apuntan a que en 2018 se repetirá el aumento de desahucios por impago de rentas que ya se registró el año pasado. Y es que según las estadísticas del CGPJ, en 2017 en el Estado se realizaron 35.666 lanzamientos judiciales de viviendas en alquiler, que son casi 1.500 casos más que los registrados en 2016. En la CAV los desahucios por esta causa fueron 834 en 2017 y 632 un año antes, lo que supone un incremento del 32%, que supera con creces el aumento del 4,3% registrado a nivel estatal.
“Desde hace dos años, como mínimo, hemos notado un incremento de estos casos y los datos de los juzgados también señalan esa tendencia”, indica David González. Según el representante de Berri-Otxoak, “actualmente en torno al 80% de los desahucios en Ezkerraldea son por alquiler, con lo cual hay un problema evidente que además ha sido agravado por esa ley que desde hace años ha limitado los alquileres y facilita que el propietario aumente la renta y especule con su piso y que no protege al inquilino”.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 2013, permite que el propietario de una vivienda arrendada inicie el proceso de lanzamiento al primer impago de la renta acordada, lo que unido al fuerte incremento que están registrando los precios de los alquileres facilita el aumento de los desahucios en viviendas de alquiler. Las organizaciones Stop Desahucios Euskadi, Kaleratzerik ez! y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bilbao Bizkaia ya han alertado sobre este tipo de desahucios, de los que en 2017 hubo 516 en Bizkaia y este año ya suman 276 en el territorio. “La mayoría de los desahucios se producen en viviendas de alquiler por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, bien por impagos de alquiler o por rescisión de contratos, debidos al aumento de la pobreza, los bajos salarios y la especulación”, recalcan desde Stop Desahucios. Stop Desahucios Euskadi también critica el “insuficiente parque público de viviendas” en Euskadi, que -dicen- “favorece el aumento abusivo de los alquileres, que se sitúan ya en 1.096 euros de media, y está obligando a las familias a dedicar un 60% de sus ingresos a la vivienda”.
Las causas El caso de la familia de Barakaldo con orden de desahucio para el martes 11 no está originado por el impago de rentas, sino por la decisión del propietario de la vivienda de no renovar el contrato de alquiler. “La familia desahuciada -explica David González- pagaba una renta razonable por el piso y se tiene que ir de ahí pero no encuentra otro piso al que ir con una renta que puedan pagar porque cobran la renta básica. No es un caso de esos en que no pagan o no tienen ningún recurso, pueden pagar una renta, pero no los alquileres que ahora mismo se están cobrando en Barakaldo y el Gran Bilbao, ese es el problema”.
Los colectivos de afectados y muchos expertos coinciden en que la Ley de Arrendamientos Urbanos está facilitando los rápidos y fuertes incrementos registrados en los precios de los alquileres. Subida que unida al boom de los pisos turísticos, a la entrada de fondos inmobiliarios o fondos buitre que compran grandes cantidades de viviendas en arrendamiento, y a la especulación con la vivienda, ha multiplicado los casos en los que los arrendatarios no pueden hacer frente al alquiler y son desahuciados de la vivienda en un plazo corto de tiempo.
Recientemente el ministro de Fomento, José Luis Abalos, adelantó que el Gobierno articulará cambios en los procedimientos de desahucio para establecer un “proceso especial” para las personas que se encuentren en una “situación vulnerable” con el fin de evitar que vuelvan a registrarse “situaciones trágicas” como el suicido de Alicia del Moral en Madrid. Para lograrlo, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de lanzamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan los servicios sociales.
Ejecuciones. En el conjunto del Estado español el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 1.182 en el tercer trimestre, cifra un 32,9% inferior a la del trimestre anterior y un 27,1% por debajo de la del mismo periodo de 2017, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
Desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre de 2018 se produjeron 17.152 desalojos forzosos de viviendas, un 1,7% más que en la misma etapa del año pasado. El aumento se debe a la subida imparable de los desahucios por impago del alquiler, un 6,1% con respecto a 2017, alcanzando la cifra de 10.491 (115 al día), el 60% de todos los lanzamientos.
Euskadi. En el primer trimestre de 2018 en la CAV se llevaron a cabo 238 desahucios de viviendas en alquiler y en el segundo trimestre otros 229. Estos 467 desalojos en la primera mitad del año son el 2,3% del total estatal. En 2017 en la CAV hubo 834 desahucios por alquiler.
Territorios. De los 834 desalojos de viviendas en alquiler realizados el año pasado en la CAV, 516 tuvieron lugar en Bizkaia, 198 en Araba y 120 en Gipuzkoa. En los seis primeros meses de 2018 ha habido 276 en Bizkaia, 104 en Araba y 87 en Gipuzkoa.
