madrid - El Pleno del Congreso dio ayer luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los ciudadanos del Estado, al ligar la titularidad del derecho a la salud a la condición de ciudadanía y no de asegurado. El decreto tuvo el apoyo de la totalidad de los grupos parlamentarios, exceptuando -como era de esperar- los del PP, que votó en contra; y Ciudadanos, que se abstuvo a pesar de que habían apuntado que votarían a favor.

Este decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá incorporar sus aportaciones. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, defendió la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria de 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a los simpapeles y que ahora queda parcialmente derogada.

También existía urgencia, según Montón, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y armonizar y dar cohesión territorial al acceso a la sanidad, ya que las comunidades que no estaban de acuerdo con la exclusión de la reforma del PP adoptaron soluciones de manera desigual. “Para el anterior gobierno era urgente recortar derechos; para el Gobierno actual, es urgente recuperarlos”, aseguró.

La norma representa un “auténtico” cambio de modelo en la asistencia sanitaria en el Estado. La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autónomas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias. - DNA