“Nos tratan como a delincuentes”

Joseba Martínez es perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y también se está movilizando para informar a los ciudadanos de su derecho a negarse a dar los datos que ya pide Lanbide y que “quieren que sean obligatorios antes de fin de año”. “Desde la Unión Europea -explica- ya han dicho varias veces que ese sistema de indentificación es tremendamente invasivo y atenta contra la dignidad de las personas. Cuando te toman las huellas de los diez dedos y te sacan una foto de tu cara con un sistema que identifica varios puntos de reconocimiento facial te sientes como un criminal. ¿Esto a quien se lo hacen? A los criminales, que cuando entran en las comisarías también les toman las huellas y les hacen una foto”.

La implantación de forma general y obligatoria de la identificación de usuarios y trabajadores de Lanbide a través de la huella digital se ha convertido en un punto de confrontación social y política y amenaza con polarizar el debate para la reforma del Sistema vasco de Garantía de Ingresos a pesar de que solo es un punto dentro de un proyecto mucho más amplio. De hecho, la identificación por huella se ha adelantado varios meses al debate parlamentario de la proposición de ley de reforma de la RGI, que acaba de sufrir un retraso estratégico para dar tiempo a lograr un consenso más amplio para aprobar la ley. Este sistema de identificación se está aplicando en fase de pruebas desde finales del año pasado y el pasado mes de abril se extendió a una decena de oficinas de Lanbide: dos en Gasteiz, dos en Bilbao, una en Donostia, Lasarte-Oria, Beasain, Barakaldo (Cruces), Portugalete y Sestao; oficinas que atienden a unas 25.000 personas de las que, al menos, 11.000 son perceptoras de la RGI.

Críticas y debates La tramitación del anteproyecto de ley para la reforma de la RGI se ha retrasado hasta después del verano, pero el tema de la huella ya ha sido objeto de varios debates parlamentarios en los que han quedado patentes dos posiciones opuestas. Por un lado, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco -PNV y PSE-, además del PP, que presentan la huella como un sistema moderno y eficaz que mejorará la gestión de Lanbide y reducirá el fraude en el cobro de ayudas. Y por otro, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que hablan de “criminalización” de la pobreza y exigen una regulación estricta y acorde con la nueva ley de protección de datos personales para el uso de los datos biométricos de los ciudadanos.

Una de las oficinas del plan piloto en las que se está “invitando” a los usuarios de Lanbide a registrar sus huellas dactilares y su cara para poder ser identificados a través de un sistema biométrico es la de Barakaldo-Cruces. La oficina que le corresponde a Ekaitz Rodríguez, quien recuerda que el Ararteko ya ha dado un toque de atención a Lanbide por una serie de “malas prácticas”. “Vendieron esto de la huella digital como un sistema para mejorar el servicio, agilizar los trámites y prevenir el fraude, pero realmente hay otras maneras de ofrecer un mejor servicio a las personas usuarias, reduciendo la burocracia, descentralizando o reduciendo los tiempos de espera, por ejemplo”.

Ekaitz Rodríguez y Joseba Martínez insisten en que la identificación biométrica que está ensayando Lanbide es “invasiva, discriminatoria e irregular”, ya que -explican- antes de aplicarse este sistema “es preceptivo hacer un estudio de su impacto en los derechos fundamentales de las personas”. “Están incumpliendo la legislación -dice Rodríguez- porque tendrían que haber hecho un estudio previo, también deben respetar la voluntariedad y establecer un protocolo para las personas que se nieguen a que sus huellas y su cara sean escaneadas. Todos deberíamos saber cuáles son los pasos que va a seguir Lanbide en el caso de que alguien se niegue a dar sus datos, porque sin eso nos podemos encontrar con la arbitrariedad de la persona de turno”.

Tanto estos jóvenes usuarios de Lanbide como algunas organizaciones sociales temen que la negativa a identificarse con la huella sea un motivo para suspender o dificultar el acceso a la RGI. “Puedes negarte a entregar tus datos biométricos, sabes que tienes derecho a hacerlo, pero hay muchas personas que están en una situación en la que necesitan la ayuda para vivir y si esa negativa les va a suponer un retraso en el cobro de algo que necesitan está claro que no lo van a hacer. El gran problema -añade Joseba Martínez- es que para imponer el sistema de la huella van a pasar el rodillo sobre las personas más vulnerables”.

Ekaitz Rodríguez admite que hay personas que no ven mal la implantación del sistema de huella digital y contemplan esta medida como un medio para luchar contra el fraude. En su opinión, sin embargo, el problema del fraude en las ayudas que gestiona Lanbide no justifica “el uso de un sistema invasivo, que no se haga lo mismo en otros servicios de la Administración, y que se aplique a quienes no pueden o no se atreven a decir que no porque tienen miedo de que les quiten la prestación”.