VITORIA - La identificación de los usuarios de Lanbide a través de la huella dactilar -una medida que se plantea como obligatoria para los perceptores de ayudas sociales y los demandantes de empleo- amenaza con convertirse en un escollo en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley para la reforma del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y la RGI.

Ayer se debatió en el Parlamento Vasco una una moción de Elkarrekin Podemos que pedía al departamento de Empleo y Políticas Sociales que paralizase la prueba piloto de aplicación de esta medida en diez oficinas de Lanbide hasta que no se estudie su “impacto” sobre la privacidad y la protección de datos de los usuarios. La enmienda dio lugar a tres iniciativas -la presentada por Elkarrekin Podemos, otra enmienda alternativa de PNV y PSE y una tercera presentada por el PP- que tras un largo debate fueron rechazadas ante la falta de apoyos necesarios. Además de la paralización de la fase experimental de identificación digital, la propuesta defendida por Tinixara Guanche también solicitaba un informe de impacto de este sistema y una normativa específica que lo regule. Unos planteamientos que fueron respaldados por EH Bildu, pero que recibieron el voto en contra de PNV, PSE y PP.

Por su parte, a través de una enmienda a la totalidad PNV y PSE reclamaron un protocolo específico para la implementación de estas medidas de identificación, así como que la Agencia Vasca de Protección de Datos se posicione con un informe sobre el cumplimiento de la normativa en Lanbide.

Mientras que el PP, a través de otra enmienda pidió la implantación de la huella digital en el Servicio Vasco de Empleo y el cumplimiento de las previsiones legales en el área de protección de los datos personales. La iniciativa de PNV y PSE fue rechazada por el resto de formaciones, mientras que la del PP solo obtuvo los votos de sus propios parlamentarios.

Tinixara Guanche, que denunció que ya hay 10.000 usuarios de Lanbide identificados biométricamente, dijo que también se está aplicando el método de reconocimiento facial mediante procedimientos digitales, una medida que ya se contemplaba en el convenio suscrito el año pasado entre el Gobierno Vasco e Izenpe. La parlamentaria reiteró que “implementar esto en un servicio es consolidar la sombra de sospecha que algunos se encargan de reforzar día a día con sus discursos e incluso con campañas institucionales, sobre miles de personas que están en una situación vulnerable”.

La representante del PNV Amaia Arregi defendió la identificación por huella como uno de los sistemas más “eficaces y ágiles” y recordó que este método no se aplica solo a los usuarios de Lanbide, sino que también se está planteando para los trabajadores de este servicio.

Para Laura Garrido, del PP, “la implantación de la huella digital como un medio de identificación “mejora, sin duda, la gestión y el control en Lanbide y permite acreditar la identidad de las personas de una forma rápida, eficiente y segura”. La parlamentaria recordó que su grupo propuso adoptar esta medida hace tres años y fue rechazada. Y Gloria Sánchez, del PSE, aseguró que se darán todos los pasos que garanticen el respeto a los derechos de los ciudadanos antes de implantar el sistema de forma generalizada.