Bilbao- Tres asociaciones -Agamme, la Red de Mujeres contra los Maltratos de Vigo y el Grupo de Investigación Antígona de la Universidad de Barcelona- presentaron en 2015 una queja ente la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por las “irregularidades” de la praxis judicial española en los casos de violencia de género y abusos de menores, que fue admitida a trámite un año después. En su respuesta, la comisión reconoce que “podría haber una posible aplicación indebida del interés superior del niño como una consideración primordial, incluida la supuesta aplicación generalizada del síndrome de alienación parental, la supuesta falta de credibilidad de la declaración del menor víctima y la supuesta falta de asistencia psicológica a los menores víctimas sin el consentimiento de ambos progenitores”.

“Actualmente, para que un menor víctima de abusos sexuales reciba atención psicológica tiene que haber una autorización firmada por ambos progenitores, incluso si el agresor es el padre, esto es una barbaridad”, lamenta Estrela Gómez, coordinadora de Agamme. La queja presentada por las tres asociaciones aporta cinco casos de niños y niñas que han denunciado abusos sexuales por parte de sus padres. Todos ellos tienen en común que los informes de los equipos psicosociales han restado valor a sus testimonios, que identifican una supuesta manipulación de la madre -síndrome de alienación parental- y que los juzgados han establecido amplios regímenes de visita entre el padre y los menores, a pesar de la negativa de éstos. “Nosotras decimos, por un lado, que la legislación española no se ha adaptado exactamente a lo que exigen las directivas europeas y, por otro, que otros aspectos que sí están recogidos en la legislación española no se aplican debidamente”, detalla Gómez.

Por ello, la comisión solicita un informe al Estado español sobre los puntos denunciados por las tres asociaciones. “El proceso es lento y España todavía no se ha pronunciado”, explica Gómez, quien intervino en mayo del año pasado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, arropada por la eurodiputada gallega Lídia Senra. Gómez reclamó a la Comisión que inste al Estado español a “corregir las deficiencias del sistema”, en especial el “sesgo machista” y la atención a víctimas de abuso sexual en el ámbito judicial, “haciendo constar con claridad en la normativa plazos de intervención, medidas para adaptar el procedimiento a las necesidades de cada niño, perfiles profesionales mínimos o características materiales y tecnológicas de las salas de entrevista y de las salas de espera”. - M.M.