Vitoria - La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que ayer inició su tramitación parlamentaria, creará una ayuda específica para los pensionistas con ingresos insuficientes y cambiará drásticamente el sistema de prestaciones económicas, que en el futuro irán dirigidas a las unidades de convivencia y constarán de una cuantía básica y complementos. También modificará algunos requisitos y trámites para acceder a la ayuda y creará un nuevo indicador de cálculo y actualización.
La propuesta para reformar la RGI que fue presentada ayer en el Parlamento Vasco por las parlamentarias Amaia Arregi (PNV) y Gloria Sánchez (PSE-EE) se basa en el documento de medidas divulgado hace un año por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que ayer reiteró su defensa de un nuevo modelo que “garantiza que las ayudas sociales lleguen a las personas que más lo necesitan”. No obstante, la tramitación de la nueva Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social ha comenzado con críticas de PP y Elkarrekin Podemos a su presentación por los grupos de PNV y PSE-EE en lugar de por el Gobierno vasco. Artolazabal argumentó que la fórmula elegida permitirá hacer la reforma con mayor “premura” y responder a lo que “exige” la sociedad.
Según explicó la consejera, el texto establece dos tipos de ayudas: la Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) y la RGI. La primera “está dirigida a personas integradas en un núcleo pensionista que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus necesidades básicas” y sustituye al complemento de pensiones. Tendrá una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial o 978,26 euros para dos personas. En la actualidad, una cuarta parte de los beneficiarios de la RGI -el 25,8%- son pensionistas y entre ellos, dos de cada tres son mujeres.
Además, la propuesta establece “una nueva fórmula para determinar la cuantía de la prestación compuesta por una cuantía base para todas las unidades de convivencia y un sistema de complementos”, con el objetivo de aumentar la protección de las familias con hijos. También se contempla un nuevo régimen sancionador destacando la corresponsabilidad; tanto para las personas beneficiarias de las prestaciones como para aquellas que colaboren de forma deliberada con los beneficiarios en la realización de fraudes. El texto establece sanciones que llegan a los 200 euros de multa en caso de infracciones leves, de 201 a 500 en las graves y de 501 a 5.000 euros para los casos más graves. Además de la extinción de la prestación y veto temporal de acceso.
