MADRID. En una entrevista en la Cadena Cope, Camps señala que los voluntarios que trabajan en las tareas de rescate "no son los responsables de la crisis humanitaria" y tampoco son los que deciden dónde tienen que llevar a los migrantes y refugiados que huyen de la guerra, sino que cumplen órdenes de las autoridades italianas para dejar a estas personas en la costa.

Camps ha negado que el trabajo de Pro Activa Open Arms contribuya al tráfico de personas, como está investigando la justicia italiana, y también ha rechazado la acusación de que su trabajo pueda tener un efecto llamada para las mafias que llenan los barcos de gente, a sabiendas que pueden ser rescatadas por su remolcador.

"Nosotros no ayudamos ni recogemos a la gente de la costa libia, solo rescatamos en el mar, estamos a 117 kilómetros de la costa y lo hacemos con la autorización de la guardia costera italiana", ha aseverado Camps, que recuerda que en estas circunstancias se rigen por el derecho marítimo internacional.

Asimismo, ha explicado que por el Canal de Sicilia pasan 97.000 barcos mercantes al año, más de diez a la hora, en un área de 350.000 kilómetros cuadrados. "Un barco de una ONG en estas circunstancias no puede servir de efecto llamada para las mafias", apostilla.

Preguntado por qué en lugar de llevar a los rescatados en alta mar no les conducen a la costa libia, el fundador de Pro Activa ha subrayado que la ONG no puede entrar en este país, que no tiene Gobierno y en el que se violan los Derechos Humanos. "Libia es un país en conflicto. Si no es seguro para nosotros, no lo es para nadie. Según el derecho marítimo iternacional, las personas rescatadas tienen que ser depositadas en un puerto seguro", asevera.

Camps subraya que el código de conducta acordado con las autoridades italianas solo dice que las ONG tienen que obedecer las órdenes de su guardia costera y ha asegurado que no se menciona a las autoridades libias. En este sentido, ha señalado que los libios no pueden garantizar la seguridad de su territorio ni de su "pretendida" zona SAR de salvamento y rescate, pese a que Italia se la reconozca "en privado".

"Nosotros cumplimos las directrices de la Organización Marítima Internacional y los convenios internacionales. Entregar a las personas contra su voluntad a grupos armados de los que huyen y después de que la ONU dice que se violan los derechos humanos es contravenir estos convenios y nos obligaría a dar explicaciones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", argumenta.

A su juicio, habrá que "ponerse de acuerdo" en el Parlamento Europeo sobre las reglas que rigen en materia de rescate en el Mediterráneo y ha apuntado que la ONG mantiene reuniones en Bruselas con este objetivo: "Que nos aclaren qué hemos hecho mal porque solo salvamos vidas, cuando alguien puede está en peligro en el mar, no se pregunta".