El PSOE y Podemos han dejado esta semana la subcomisión en el Congreso de los Diputados que abordaba el pacto educativo. Criticaron que son necesarios más fondos para mejorar el sistema, y que la negociación no avanzaba. Este paso planteó preguntas sobre, por ejemplo, qué puede pasar con contenidos que se habían abordado en las negociaciones. Uno de ellos es la posibilidad de implantar un MIR docente, el llamado DIR (Docente Interno Residente) que, al estilo del de Medicina (que es la llave a una especialización en centros hospitalarios), permita establecer nuevas pruebas de acceso a la función docente.

Estas medidas ya se recogieron, en mayo de 2017, en un monográfico de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación celebrado en Santiago de Compostela, donde se criticó el sistema actual y, entre otras claves, se pidió un proceso para seleccionar al mejor profesorado, y en el que se mejorara la formación inicial y continua. Así, en febrero de 2018, unos 80 decanos repitieron esta apuesta, que además incluye medidas como aumentar el periodo de prácticas, ya que consideraron que el actual tras una OPE (de un año) no cumple su función. Los sindicatos, por su parte, criticaron que, tras una época de recortes, se pusiera el foco sobre el profesorado y su preparación.

Ante este debate, cabe preguntarse qué es el mencionado DIR. Cuando se habla del MIR educativo, se asocia el término al exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011, así que no es un tema únicamente de actualidad, sino que desde hace tiempo se hablaba de remodelar el acceso a la docencia. Tanto pública como concertada. Tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria y en orientación. El tema ha vuelto a la palestra porque se incluyó en las conversaciones del pacto educativo, y el ministro Íñigo Méndez de Vigo afirmó, también el pasado mes de febrero, en declaraciones a Radio Nacional, que podía entrar en vigor en septiembre de 2019. Ciudadanos, por su parte, exigió avances y propuso un examen para el profesorado al terminar la carrera y que fuera común en España.

Esa pretensión ha levantado ampollas en comunidades con lengua propia. De entrada, el departamento foral de Educación, por ejemplo, pide que se tengan en cuenta las peculiaridades de cada comunidad.

El decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Miguel Rodríguez Wilhelmi, cree que el cambio es compatible con ese respeto a la “diversidad cultural e idiomática” de cada comunidad. Rodríguez Wilhelmi participó en reuniones de la Conferencia de Decanos de Educación. Otras conclusiones de este foro es que destacaron la necesidad de pulsar la vocación al acceder a estudios de Magisterio y Máster de Secundaria (se habla de una prueba antes del acceso a esa formación), de revisar las plazas de esos estudios (al estilo de los numerus clausus, para que no se agranden las cifras de entrada y luego no pueda garantizarse el paso al mundo laboral), de apostar por la innovación en la docencia, y de plantear un periodo (llamado de inducción) de dos años de prácticas remuneradas y tutorizadas.

Cómo afecta a los interinos Hasta ahora, se ha hablado de estas claves y de distintas formas de concretarlo, algunas de ellas logrando una acreditación para dar clase y otras haciéndola compatible con que, después, se pase una OPE para acceder al sistema público. La cuestión más polémica, para Podemos y diversos sindicatos, es si esta posibilidad abre la puerta a un modelo laboral más precarizado, en el que estudiantes en prácticas sustituyan a profesorado interino.

Preguntado sobre su valoración sobre el MIR docente, el vicedecano de Investigación, dentro de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra (UN), Ángel Sobrino Morrás, explica que una inserción profesional “paulatina y tutorizada” es “garantía de éxito” para el sistema educativo, por las experiencias en Farmacia, Medicina y Psicología. Para ello, el foco está en las personas que ejerzan como tutores. Y entre las “amenazas”, menciona esa posibilidad de que docentes residentes se conviertan en profesores a tiempo completo con menor salario.

Todas las partes afirman que, en cualquier caso, la decisión será política. Y ahí es donde surgen las dudas sobre el futuro de un debate que ya está sobre la mesa.