vitoria - Será una herramienta básica para las políticas vascas de inclusión y, como decía ayer la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, una pieza esencial “para potenciar Euskadi como territorio inclusivo”. Con estas palabras daba cuenta de la aprobación de la nueva estrategia en materia de inclusión social de la administración vasca para los próximos ejercicios, hasta 2021. En concreto, las instituciones vascas destinarán cada año alrededor de 815 millones de euros para desarrollar el IV Plan de Inclusión Social que fija una serie de medidas para combatir la exclusión social en ámbitos como los servicios sociales, la salud, la educación y la vivienda.
El gasto anual estimado por parte de las instituciones para desarrollar estos objetivos será de 815 millones de euros, de ellos 400 millones para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES); 100 millones para prestaciones de vivienda; 200 para políticas públicas de apoyo al alquiler; 75 para incentivos a la inserción laboral y otros 45 para otros servicios sociales, especificó la consejera Artolazabal durante la exposición de los puntos principales de esta hoja de ruta, ya avanzados por DNA este pasado domingo.
En esas estimaciones no aparece incluido el gasto previsto en salud y educación, precisó Artolazabal. En total, en los cinco años de aplicación del plan, incluido el ejercicio pasado, las instituciones vascas dedicarán más de 4.000 millones de euros a las acciones de inclusión. Entre los objetivos del plan figura reducir en un 20% la tasa de pobreza en todas las comarcas vascas y situar la tasa de abandono escolar por debajo del 7%.
En el ámbito del empleo, el documento marco se fija como reto “prevenir los procesos de precarización del empleo e impulsar la inserción laboral de jóvenes con mayores dificultades de empleabilidad”. En prestaciones de garantía de ingresos el objetivo es “preservar y mejorar el modelo vasco, garantizando su sostenibilidad económica en los próximos años”. También se impulsará la Ley de Servicios Sociales para que sea efectivo el derecho subjetivo a los servicios sociales para toda la ciudadanía.
En el ámbito de la salud se potenciará la adquisición de hábitos saludables en la población con vulnerabilidad social y se mejorará el acceso a los servicios de salud de las personas en situación de exclusión social. En vivienda, el plan recoge actuaciones para facilitar el acceso a una vivienda adecuada a las personas en situación o riesgo de exclusión social, y en educación se busca garantizar que las personas más vulnerables accedan a servicios educativos de calidad.
El Plan. Reconoce la multidimensionalidad de la inclusión y sus implicaciones. “El resultado es que el proyecto plantea una hoja de ruta común para el conjunto de las administraciones vascas en el ámbito de la exclusión fruto de una priorización compartida de las necesidades que deben ser abordadas”, detalló Artolazabal.
815
El gasto anual estimado por parte de las instituciones será de 815 millones de euros, de ellos 400 millones para la RGI y las Ayudas de Emergencia Social; 100 millones para prestaciones de vivienda; 200 para políticas públicas de apoyo al alquiler; 75 para incentivos a la inserción laboral; y otros 45 para otros servicios sociales.
