ESTRASBURGO. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidieron hoy, de forma unánime, no admitir a trámite la demanda de Djamila Afiri y Mohamed Biddarri, que pretendían paralizar la desconexión de su hija Inès, que sufre una miastenia auto-inmune severa y se encuentra desde finales de junio -cuando sufrió una parada cardio respiratoria- ingresada inconsciente y con ventilación asistida.
En su dictamen, subrayaron que aunque Afiri y Biddarri estén en desacuerdo, los facultativos han respetado el convenio y "se han esforzado por llegar a un acuerdo" con ellos, para lo cual les convocaron al menos a seis entrevistas entre el 7 y el 21 de julio pasados.
Los jueces europeos señalaron que cada Estado tiene un "margen de apreciación" para definir el proceso de decisión en estos casos en los que los padres rechazan la posición del personal sanitario, y en esta ocasión no sólo se ha respetado, sino que además los padres han podido recurrir, como de hecho hicieron, primero ante un tribunal administrativo y luego ante el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa del país.
Este último concluyó el pasado día 5 que "es imposible determinar cuál sería la voluntad de la menor" y dio la razón a los facultativos amparándose en una ley de 2016 que contempla la posibilidad de suspender los tratamientos cuando son "inútiles, desproporcionados y no tienen más efecto que el mantenimiento artificial de la vida".
El equipo médico formado para determinarse sobre este asunto de forma colegial había insistido en que mantener la ventilación asistida de Inès era una "obstinación insensata" teniendo en cuenta el "carácter irreversible de ciertas de las lesiones neurológicas" y un "agravamiento del diagnóstico desde su hospitalización".
Los padres, que están divorciados y que -según el informe del centro- han estado "poco implicados" en los cuidados de su hija además de haber tenido relaciones "muy difíciles" con el personal médico, consideraban que deberían haber tenido "un poder de codecisión".
La normativa en vigor en Francia permite la sedación profunda en enfermos terminales, pero prohíbe la eutanasia o el suicidio asistido.
