Gasteiz - El Ararteko ha concluido que la Diputación de Araba “no actuó de manera incorrecta” ante el supuesto caso de explotación sexual de menores de edad bajo su tutela, dado que el Gobierno foral “investigó los hechos” y adoptó medidas para la protección de los jóvenes. El Defensor del Pueblo vasco concluye así su investigación en torno a este presunto caso de explotación sexual de menores bajo tutela foral y acogidos en el centro Sansoheta, que motivó la detención de varias personas en 2006.
El Ararteko abrió una investigación paralela a la vía judicial en torno a estos hechos, con el objetivo de analizar la actuación de la Diputación. En el marco de este expediente, realizó diversas actuaciones, como reuniones, visitas y peticiones de información a diversos agentes institucionales.
El Ararteko analizó la información obtenida de estas fuentes, de las denuncias y comunicaciones formuladas ante la Policía Municipal, la Ertzaintza y la Fiscalía, y de los protocolos existentes en el centro Sansoheta. Como resultado de dicho análisis, el Ararteko constata que la Diputación “no actuó de manera incorrecta”, ya que denunció los hechos ante los cuerpos policiales correspondientes y notificó a la Fiscalía, en cuanto tuvo conocimiento, la comisión de un delito en el que unos menores bajo su guarda o tutela estaban siendo víctimas.
El Ararteko añade que el Gobierno foral “investigó en los ámbitos de su responsabilidad para el esclarecimiento de los hechos”, y “activó actuaciones educativas para la protección y el aprendizaje de los chicos”. El informe indica, por último, que el Ejecutivo “colaboró con los cuerpos policiales, informó a las familias y protegió la identidad de las víctimas”.
El Ararteko recuerda que “nos encontramos ante un caso de abuso de mayores a menores, ya que la ley no contempla el consentimiento en las relaciones sexuales cuando éstas se producen entre una persona adulta y una menor de edad”. En este sentido, critica la actuación de algunos medios de comunicación que “han trasladado la imagen de los menores implicados como delincuentes y no como víctimas, olvidando que son personas en situación de desprotección que les hacen ser destinatarios de un programa de protección especializado”. - DNA