vitoria - La decisión del Gobierno Vasco de desvincular la revalorización de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de la cuantía fijada por el Ejecutivo español para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llegó ayer a los tribunales y ahora los colectivos sociales confían en que un juez determine que esa ayuda que reciben más de 60.000 personas debió incrementarse cerca de un 8%.
Según explicó el abogado de Argilan, Iñaki Garro, ayer se celebró una vista en un juzgado de lo Contencioso de Gasteiz para resolver sobre la demanda presentada por un titular de la RGI contra Lanbide, para reclamar el incremento de esa ayuda desde enero de este año hasta abril con el argumento de que esas ayudas “han estado siempre, por ley, vinculadas al SMI” y cuando en diciembre de 2016 el Gobierno del PP aplicó una subida del 8% al SMI, Lanbide debía haber extendido ese incremento a la RGI, pero no lo hizo.
Garro recordó que finalmente en abril de este año el Parlamento Vasco decidió desvincular esa prestación del referente del SMI, decisión que para los colectivos sociales “fue un error”. En cualquier caso, afirmó el abogado, Lanbide debería haber abonado ese aumento a quienes recibieron la RGI en el primer trimestre del año.
A juicio de Carro, los perceptores de la RGI tienen derecho a ese incremento del 8% en tres meses y por ello presentó una primera demanda que ayer se vio en un juzgado, convencido de que será favorable a su cliente y que deberá hacer a Lanbide cambiar su criterio, para evitar la judicialización de las reclamaciones de muchos perceptores de esa ayuda.
El letrado explicó que las prestaciones que gestiona Lanbide han estado vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional, “desde la lógica de que esa ayuda en muchísimos casos sirve para complementar los ingresos de personas que están trabajando”. De resultar favorable a sus intereses este primer procedimiento, el Ejecutivo vasco debería abonar lo que ha dejado de pagar a cada uno de los perceptores que lo soliciten, evitando el resto de demandas que bloquearían los juzgados.
Con motivo de la vista judicial, varios colectivos sociales -Argilan, Berri-Otxoak, SOS Racismo Bizkaia y PAH Bizkaia-Kaleratzerik Ez!- se concentraron en Bilbao para expresar su apoyo a la demanda. Sus portavoces recordaron que una vez abierto el proceso de negociación del anteproyecto de presupuestos para 2018 o en la posterior reforma de la Ley sobre la RGI, se debería volver a vincular su importe y evolución a la del SMI. - DNA / Efe
