Portugal ha sido este mes el último país en sumarse al negocio de la fertilidad, con el uso de vientres de alquiler. Un business donde los bebés se cotizan muy caros y donde muchas firmas hacen su agosto en lo que muchos califican como mercantilización del cuerpo de la mujer. Con esta técnica en auge, el precio puede oscilar entre los 45.000 y los 180.000 euros.
La gestación subrogada ha adquirido tal pujanza que unos mil niños nacen cada año en España de madres gestantes que no son las biológicas. Hace tres meses se celebraba la Surrofarir Madrid una polémica feria donde las empresas asesoraban a los interesados que deseaban viajar a los países donde esta práctica es legal, con tarifas detalladas. Además de los precios, los comerciales facilitaban hasta un catálogo con fotos de mujeres dispuestas a gestar. Los precios decantan la balanza en favor de uno u otro país. En Tailandia el proceso ronda los 45.000 euros, en India también es un modelo low cost, pero recientemente han cambiado la legislación restringiéndola solo para los nacionales. En México, el importe puede estar en torno a los 60.000 y en Ucrania sobre los 50.000 euros.
Sin embargo, la meca de los futuros padres es Estados Unidos, el sancta sanctorum de los vientres de alquiler por la protección jurídica que ofrece y por la calidad de clínicas y médicos. Sin embargo, en los trece estados que lo permiten, el presupuesto de la operación puede ascender a 180.000 euros. En la factura detallada, del coste total, la gestante solo cobra entre 35.000 y 50.000 euros. El resto se invierte en pagar a intermediarios, costear seguros o pruebas médicas. Además no existe un precio cerrado. Si es necesario recurrir a gastos extras o hay sorpresas de última hora como una incubadora, la cuenta llega a la estratosfera.
En Kazajistán, el precio es superior al de Ucrania y Georgia, donde también se practica. Por contra, la gestación subrogada en Canadá es altruista, las madres no pueden percibir ninguna compensación económica por haber gestado, lo que convierte en una misión imposible localizar a mujeres interesadas en someterse a esta técnica. Además está prohibida, con penas de cárcel, la intermediación y la publicidad de cualquier tipo, incluso entre particulares.
Ahora acaba de aparecer una nueva pieza en el tablero de ajedrez de los países donde esta práctica es legal, Portugal. El pasado 1 de agosto entró en vigor la normativa lusa que regula la gestación por sustitución, lo que ha generado interés entre muchas familias. Según Santiago Agustín, codirector de Interfertility, una de las agencias que asesoran a los españoles que quieren someterse a la gestación subrogada en los países en los que es legal, “la aprobación de la norma ley lusa ha generado muchísimo interés por parte de muchas familias españolas, pero va ser complicado porque la ley en su redacción parece muy restrictiva”.
La ley portuguesa determina que solo podrán someterse a esta técnica mujeres con problemas de fertilidad, lo que excluye a parejas homosexuales, y que la madre de sustitución no puede recibir contraprestación económica más allá de la asistencia sanitaria.
altruismo vs. compensación El pasado mes de junio, Ciudadanos abría en el Estado este melón, al presentar en el Congreso la primera iniciativa para regular por ley esta técnica, una norma “altruista” que exigirá unos ingresos mínimos a la madre gestante, que, no obstante, podrá recibir “una compensación para resarcirle”. La legislación española no permite llevar a cabo esta práctica dentro del Estado. Los vientres de alquiler son ilegales porque la ley considera así los contratos que supongan la renuncia por parte de una mujer a la filiación materna.
Pero el modelo altruista choca frontalmente con la compensación económica que exige el sentido común. Es lo que piensa la plataforma Son Nuestros Hijos que cree que el hecho de que sea gratuito no es incompatible con una compensación económica para la mujer gestante y plantea que sea equiparable a las compensaciones económicas que existen en la donación de gametos, de espermas y de óvulos.
Frente a los que opinan que solo regulando se puede evitar la picaresca, hay un sinfín de colectivos que se oponen. Empezando por el Comité de Bioética. Su presidenta, Teresa López, cree que la proposición no salva los obstáculos por los que el comité recomendó en su informe prohibir esta práctica, pues aunque sea de forma altruista, consideran que sigue existiendo explotación de la mujer y daño a los intereses del menor. Además, muestra sus dudas sobre que una mujer que no guarda ninguna relación familiar con los padres subrogantes preste su vientre de forma gratuita.
La portavoz de la red estatal contra el Alquiler de Vientres y de la plataforma No somos vasijas, Alicia Myllares, también tacha de “disparate que por medio de un contrato las mujeres renuncian a sus derechos de filiación mientras la otra parte es beneficiaria de todo lo habido y por haber”. Al mismo tiempo precisa que el hecho de que sea un modelo altruista es “una trampa”.
mujeres esclavas Desde la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, cree que, de regular la técnica, se estaría “aprobando una ley para esclavizar a mujeres y niños”. “Esta práctica castiga especialmente a las mujeres más débiles, a las que no tienen recursos. Las convierte en esclavas al servicio de las empresas que trafican con seres humanos”.
El debate también sacude a los partidos y genera un gran debate dentro de las propias formaciones políticas. A favor de la regulación se han mostrado los grupos parlamentarios de ERC, PNV y PdeCat, pero todos expresan un largo rosario de matizaciones.
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, se remitió a estudiar la iniciativa de Ciudadanos antes de tomar una decisión y explicó que su partido tiene “bastante adelantado” un texto a la espera de las conclusiones definitivas. El PNV, dijo, contempla la gestación subrogada “con cierta amplitud de miras y sabiendo que es una casuística complicada. Hay posturas enfrentadas en el partido y todas pueden tener su parte de razón”, admitió Esteban.
