VITORIA - El Ararteko considera que algunos incumplimientos o conductas -como comunicar con retraso un cambio de domicilio o salir unos días de la CAV- por parte de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) dan lugar a “consecuencias desproporcionadas” que se materializan en la suspensión de la ayuda y la reclamación del dinero percibido. Para evitar estas situaciones, que generan deudas y dan lugar a multitud de quejas por parte de los perceptores de ayudas sociales, el Ararteko señala que Lanbide no puede obligar a devolver prestaciones percibidas cuando detecte que no se han cumplido algunas obligaciones asociadas a la RGI pero se mantienen los requisitos para ser titulares de esta ayuda.

Esta modificación en el proceder actual de Lanbide es una de las propuestas presentadas ayer por el Ararteko en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco, ante la que desarrolló el contenido de su Informe-diagnóstico sobre la gestión de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) entre los años 2013 y 2016. En su intervención Manuel Lezertua reconoció que “en estos años se han ido produciendo mejoras” en la tramitación de las ayudas, pero al mismo tiempo ha habido un aumento de las quejas por la interrupción en el abono de las prestaciones y por “los impedimentos y dificultades” que se ponen a la tramitación de las mismas. Por este motivo, según el Ararteko, hay un “porcentaje significativo” de población vasca en riesgo de exclusión “que no consigue tener acceso” a la RGI porque incumple los requisitos “o bien porque debido a la interpretación de los requisitos que deben reunir y de las obligaciones que se deben cumplir se les deniega o no se les renueva, o bien se les suspenden o extinguen las prestaciones”.

Las consecuencias “desproporcionadas” por el incumplimiento de obligaciones -conducta que el Ararteko considera “reprochable”-, las discrepancias en la interpretación de la normativa, las dificultades para cumplir algunas exigencias o trámites y la suspensión de las ayudas sin una causa clara o sin audiencia previa, son los principales reproches contenidos en el informe presentado ayer por Lezertua.

inserción laboral Entre las propuestas que el Ararteko trasladó a los parlamentarios figura la ampliación del plazo para que las personas en exclusión pueden recibir la Renta Complementaria por Trabajo, una ayuda que complementa rentas por trabajo de baja cuantía y que busca la inserción laboral. En este punto Lezertua recordó que entre los perceptores de prestaciones del Sistema de Garantía de Ingresos hay muchos desempleados de larga duración ya que “cuanto más tiempo se permanece fuera del mercado de trabajo más bajas son las expectativas de empleabilidad”. La propuesta del Ararteko consiste en “ampliar la limitación temporal actual, de forma que mediante el oportuno dictamen del servicio de empleo se pudiera prolongar, en algunos casos, la concesión de la Renta Complementaria por Trabajo durante más de los 36 meses previstos”.

Casi dos semanas después de que la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentara en el Parlamento las líneas generales de la reforma de la RGI, el Ararteko discrepó abiertamente de una de las propuestas del Gobierno, ya que mientras el documento del Departamento propugna la unificación de rentas, pasando de las ayudas para titulares individuales o unidades convivenciales a una RGI por domicilio, Manuel Lezertua aboga por la prestación “a la persona individual”. El Ararteko es consciente de que este cambio tendría importantes implicaciones en el sistema y no confía en que pueda aplicarse en el corto plazo, pero pide que no se descarte de plano y que “se pueda ponderar su oportunidad en un futuro”.

Reclamación de cantidades En cuanto a la reclamación de las cantidades que se consideran indebidamente percibidas por los perceptores de RGI y PCV que incumplen alguna obligación o modifican su situación personal, el Ararteko indicó que “en este ámbito se debe exigir una diligencia impecable tanto en la concesión inicial y en las modificaciones posteriores en la cuantía reconocida, como en su control”. En su opinión, “una gestión adecuada y ágil de las prestaciones y una vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos es un imperativo legal y ético”.

Otro aspecto en el que Lanbide debe mejorar o modificar su funcionamiento es el de la información que ofrece a los demandantes de ayudas en relación con los requisitos y las obligaciones que deben cumplir. Según el Ararteko, esta información es incompleta, insuficiente o utiliza un lenguaje excesivamente técnico, lo que no facilita su compresión. En este sentido, Manuel Lezertua señaló ayer que la RGI es “una prestación para poder hacer frente a las necesidades más básicas de familias con niños/as a cargo, en muchas ocasiones, por lo que deben conocer con antelación la conducta que deben mantener y las obligaciones que deben cumplir para poder ser beneficiarios de las prestaciones”.

Titulares. Al acabar mayo en la CAV había 62.924 titulares de una Renta de Garantía de Ingresos, de los que 17.033 tenían nacionalidad extranjera y 15.637 eran pensionistas.

Vivienda. El mes pasado había 28.944 personas que recibían la ayuda para vivienda (PCV).

En opinión del Ararteko, los beneficiarios que cumplen los requisitos para percibir la ayuda pero cometen infracciones menores no deben perder la prestación, aunque sí se les podría imponer “otro tipo de sanción”.

Sobre las prestaciones abonadas de manera indebida que los preceptores deben devolver, Lezertua pide que Lanbide informe a los afectados del origen, motivos y conceptos de la cantidad cobrada indebidamente.

El Ararteko considera que “el interés superior del menor” se debe tener en cuenta y prevalecer en todas las decisiones y resoluciones de Lanbide relacionadas con la RGI y la PCV, ya que se trata de una norma de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.