vitoria - Más de 250.000 alumnos y 30.000 docentes de la red pública vasca de la enseñanza no universitaria están llamados hoy a secundar una nueva jornada de huelga; otra más en el agitado calendario escolar de este curso, aunque esta vez con algunas particularidades: por ejemplo, que es la recta final del año académico y que, además, un buen puñado de estudiantes están a las puertas de completar las pruebas de acceso a la universidad. Sobre la mesa ya hay otra convocatoria de paro para el día 23 y entre una y otra, voluntad de diálogo para anular esa nueva llamada a la huelga y no interferir en los planes de estudio del alumnado en unas semanas decisivas para muchos de ellos.
La consejera de Educación del Gobierno Vasco insistía ayer en apelar a la responsabilidad de la comunidad educativa a fin de no hacer peligrar el desenlace final del curso. “El primer perjudicado es el alumno. Las fechas no son adecuadas”, resumía Cristina Uriarte. Se reafirmaba en su postura de respetar el derecho a la huelga pero, eso sí, exigía a los convocantes “realismo” y “principios de realidad” en sus reivindicaciones. La consejera expresaba una vez más su total disposición a negociar y buscar un acuerdo y el consenso en aquellas demandas planteadas por los sindicatos a las que realmente sea posible dar una respuesta desde la Administración vasca.
Y es que, tal y como insistía Uriarte, algunas de las reivindicaciones de ELA, LAB, Steilas, ESK y CCOO (a las que ayer se sumaba la CNT) se escapan de las competencias del Gobierno Vasco: derogar la Lomce, incrementar el número de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo,? La propia consejera recordaba ayer que en su tiempo ya presentaron recurso contra la bautizada como ley Wert; que recientemente han trasladado al ministro de Educación su preocupación por la acción política del Ejecutivo español en contra del sistema vasco de becas; y su malestar por la tasa de reposición, un decretazo del Gobierno de Mariano Rajoy que interfiere en la autonomía de las administraciones para fijar el número de plazas de las Ofertas Públicas de Empleo, entre otras cuestiones.
Uriarte reconocía el empeño del Gobierno Vasco para reducir la interinidad [26,9%] en el sector de la educación pública. “Pensamos que necesitamos dar una mayor estabilidad” decía. Eso sí, apostillaba la consejera, con garantías jurídicas para que España no judicialice el asunto. Lakua ha prometido a los sindicatos la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo todos los años. Serían al menos 3.000 plazas cuando los sindicatos plantean aumentar la plantilla en dos mil docentes.
En lo relativo a las sustituciones para cubrir bajas laborales se ha propuesto hacerlo al día siguiente; y en el tema de los ratios de alumnos por aula [fijados en función de la tasa de natalidad] no hay cambios ya que, según Uriarte, están lejos de los máximos establecidos en 2010 y acordados con los sindicatos. Así, la consejera de Educación mantuvo su talante negociador; tanto con el sector de la educación pública vasca como con el Gobierno español.
“Fuera de la realidad” “Estamos dispuestos a negociar una y otra vez todo aquello que esté en nuestras manos. Y así lo hemos planteado en las mesas de negociación. Y seguiremos negociando, pero seamos realistas: no podemos estar poniendo en riesgo el final del curso de nuestro alumnado y sobre todo cuando hay reivindicaciones que no están en nuestras manos”, solicitaba Uriarte. “La derogación de la Lomce -indicaba- no está en nuestras manos. Nosotros siempre hemos estado en contra. La hemos recurrido y el Estado tiene recurridos nuestros currículums”.
En este sentido, la responsable de Educación del Gobierno Vasco también tuvo palabras para el Ministerio de Educación, al que emplazó a sentarse a negociar la tasa de reposición y a no torpedear el sistema vasco de becas. “No podemos permitir la homogeneización que pretenden”, espetó Uriarte en una entrevista concedida a Radio Euskadi. “Seguimos luchando y peleando. Se negocia con el Estado y lo reclamamos al Gobierno y en todos los foros”, agregaba la consejera de Educación.
Los recursos interpuestos por el Ejecutivo español contra las becas de los dos últimos cursos a fin de homogeneizarlas con las del Estado “son profundamente preocupantes”, apuntaba hace unos días Uriarte. No en vano, más de 127.000 familias son beneficiarias cada año de estas ayudas económicas “que garantizan una escolarización plena en igualdad de condiciones”. De entrada, tal y como avanzaba Uriarte, parece haber disposición en el Ministerio, pero como aclaraba: “ver para creer”.
La consejera también confirmaba que en esta fase final del curso académico se está realizando un “pilotaje” en treinta centros de Primaria y sesenta de Secundaria cuyas conclusiones servirán para diseñar el tipo de evaluación que permita realizar un adecuado diagnóstico del sistema vasco de enseñanza “con el fin de conocer el perfil del alumnado a la salida de cada etapa educativa”.
A la protesta de hoy -y la del día 23- también están llamados el personal de apoyo educativo, el de cocina y el de limpieza, y servirá para reclamar una mejora en las condiciones laborales del profesorado. La convocatoria cuenta con los apoyos de Ehige (Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública Vasca) y Sortzen (que integra a distintos colectivos).
Las reivindicaciones se concretan en incrementar la inversión en Educación hasta alcanzar progresivamente la media europea; bajar un 10% el ratio de alumnos por aula; aumentar en 2.000 personas la plantilla de docentes y derogar la Lomce así como el plan educativo Heziberri. También demandan la reducción de la temporalidad; cubrir las bajas laborales desde el primer día y recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
