DONOSTIA. Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, el procesado, de nacionalidad española, se benefició de una Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que, como explica Lanbide en su portal de internet, es una ayuda "periódica, de naturaleza económica, articulada como un complemento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)" de la que el solicitante debe disfrutar previamente.
La PCV, cuya cuantía máxima es de 250 euros mensuales, está "dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, hospedaje y alquiler de habitaciones".
Los hechos enjuiciados ocurrieron a lo largo de varios meses de 2014 y 2015, cuando el procesado presentó en la unidad tramitadora de la RGI de la oficina de Lanbide de Zumarraga (Gipuzkoa) un total de once recibos por un importe de 425 euros cada uno de ellos en los que figuraba una firma falsificada del supuesto arrendador.
La resolución judicial aclara que el inculpado actuó "con ánimo de alterar la verdad y de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial" para lo que "confeccionó" los recibos de pago del alquiler "a sabiendas de su falsedad".
Gracias a esta forma de actuar, el inculpado obtuvo la citada ayuda de la que se benefició por un importe total de 2.930 euros, dinero que ahora le ha sido reclamado por Lanbide "en concepto de cantidad defraudada".
Durante el juicio por estos hechos, el acusado se mostró conforme con la pena que solicitó la Fiscalía, por lo que ahora ha sido condenado a un año y medio de cárcel y a restituir la cantidad estafada como autor de un delito de falsificación en documento privado.
No obstante, la sentencia suspende el cumplimiento de la pena de prisión con la condición de que el hombre no vuelva a delinquir en los dos próximos años y que abone la cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil. EFE
