DONOSTIA. Según explica el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso EFE, la aseguradora en cuyo nombre se realizaron todas las operaciones ha compensado ya económicamente a los perjudicados.
El texto del fiscal explica que los hechos se remontan al año 1999, cuando el procesado comenzó su labor en una oficina en la que ofrecía seguros y fondos de inversión, aunque en 2005 la entidad con la que trabajaba detectó una serie de "irregularidades" y rescindió su relación comercial.
Tres años más tarde, fue su hija quien suscribió un contrato de representación con la misma compañía, pero en realidad fue el imputado el que realizaba "todas las operaciones comerciales" como "la contratación de seguros, fondos de inversión y demás productos" de la oficina.
En el curso de esta actividad, desde 2005 hasta octubre de 2009, con el fin de captar clientes y embolsarse las "consiguientes comisiones" por este concepto, el encausado presuntamente comenzó a ofrecer "intereses garantizados sobre los fondos contratados por un importe muy superior al real del mercado".
Esta situación, "implicaba la existencia de diferencias significativas entre el saldo real de los fondos y el resultante de aplicar los intereses ofrecidos".
Para hacer frente a estas "rentabilidades ficticias" que ofrecía, el hombre utilizó dinero procedente de fondos de otros clientes de los que presuntamente sacaba dinero, sin conocimiento de los afectados, que ingresaba en cuentas de una entidad de ahorro que había abierto previamente a nombre los propios perjudicados "valiéndose de las copias de los documentos de identidad que tenía en su poder" y "falsificando sus firmas".
Posteriormente, realizaba transferencias de estas cuentas a las de los clientes a los que debía abonar las "rentabilidades ficticias" que les había "garantizado" mediante "documentos confeccionados por él mismo"
El escrito concreta que el acusado "cometió las irregularidades descritas hasta el mes de octubre de 2009, en el que la compañía llevó a cabo una investigación durante la que se constataron las operaciones fraudulentas realizadas" y "rescindió los contratos concertados con el acusado y con su hija".
El documento detalla una docena de estas operaciones, en las que el imputado causó distintos perjuicios económicos a los afectados, que luego fueron compensados por la aseguradora, y que van desde los 49 hasta los más de 400.000 euros.
La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa, por el que pide que se imponga al procesado una pena de cinco años de prisión y una multa de 7.200 euros.
Además, reclama que el encausado compense a la compañía de seguros perjudicada con 2.288.611,42 euros, más los correspondientes intereses legales.
