Iruñea - El Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea ha finalizado una procelosa investigación sobre una trama de guardias civiles que defraudaron diferentes cantidades de dinero que percibían como ayudas por presuntas mudanzas de domicilio que finalmente resultaron ser falsas. El cabecilla de la trama, J.J.O.T., era un agente destinado en la unidad de Intervenciones de Armas de Pamplona y Elizondo, quien ideó la trama en colaboración con su esposa, que también se encuentra procesada.

La Fiscalía pide para este guardia casi diez años de cárcel y diez de inhabilitación por los delitos de fraudes y exacciones ilegales y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público. También está imputado un particular, el empresario de una firma de mudanzas de Zizur encargada de amparar las prácticas ilegales para percibir ayudas por este concepto. En total, además del cabecilla, la trama incluye a otros 19 agentes que percibieron dinero por mudanzas ficticias y para los que el fiscal solicita cinco años de prisión para cada uno de ellos y su inhabilitación durante seis años. Cinco de esos agentes ejercían en Nafarroa en el momento de la comisión del fraude, en concreto en los cuarteles de Oronoz, Urdax, Pamplona, Cáseda y Cortes. El resto están diseminados por cuarteles ubicados en toda la geografía estatal. La investigación comenzó hace casi dos años tras una denuncia del propio Instituto Armado en la Fiscalía navarra. El juez ya ha finalizado la instrucción y ha firmado el auto de procedimiento abreviado para que el asunto sea juzgado en breve, pero varios de los encausados han recurrido ante la Audiencia Provincial.

La mecánica de la actividad ilegal encontraba su amparo en una normativa, el Real Decreto 462/2002, que establece que en los supuestos en los que un guardia civil cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino, pase a la situación de reserva...) la propia Guardia Civil abona, en compensación por los gastos de mudanza, una indemnización (se conoce como ITR, Indemnización por Traslado Residencial). Para percibir esta ayuda -según el fiscal- el guardia civil afectado debe presentar tres presupuestos de otras tantas empresas de mudanzas. y la Guardia Civil abona al agente el importe correspondiente al presupuesto menor.

Conociendo esta situación, en enero de 2011, el guardia civil J.J.O.T., ideó junto a su esposa, M.P.C.S., una trama mediante la que ambos se ocupaban de tramitar las solicitudes de indemnización por traslado contactando con el guardia civil que solicitaba la ayuda. Para tal fin también contaban con la colaboración de J.J.S.M., titular de la empresa Transporte y Mudanzas Carjusan. La colaboración de esta firma, según el fiscal, resultaba clave, ya que ofertaba siempre el presupuesto más bajo de las que concursaban gracias a que conocía previamente las dos ofertas presentadas. El guardia civil que solicitaba la ayuda se lucraba con la totalidad o la mayor parte de la ITR -que podía ascender a 9.000 euros- y , al mismo tiempo, J.J.O.T., su esposa y el empresario de mudanzas cobraban una cantidad que les era abonada por el agente beneficiario de la indemnización. El abono se hacía en metálico o por transferencia, sin que Carjusan finalmente llegase a realizar tal mudanza. Por esta vía, el principal acusado recibió de los distintos beneficiarios entre 937 y 1.836 euros por mudanza, entre el 19% y el 28% de lo que obtenía el guardia civil beneficiario de la ayuda.