La Guardia civil recaba información sobre las obras de la lonja de Pasaia

Se da la circunstancia de que la búsqueda de información por parte de la Guardia Civil se produjo un día después de que el exdirector del puerto, Gregorio Irigoyen -cesado tras descubrirse el sobrecoste de la lonja-, afirmase en las Juntas Generales que “nadie se ha llevado ni ha falsificado nada”.

El chequeo policial comenzó hacia las 11.00 horas, cuando varios agentes de la Guardia Civil llegaron a las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria, solicitando información sobre las obras de la lonja. Según explicaron fuentes del cuerpo policial a este periódico, la operación se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y se enmarca en las diligencias abiertas en torno a las presuntas irregularidades de las obras de la lonja. “No se trata de un registro como tal. Lo que se está haciendo es pedir documentación a la Autoridad Portuaria para ver si hay un presunto ilícito o no”, precisaron estas fuentes.

De esta forma, y a lo largo de varias horas, los miembros de la UCO recabaron información del edificio Trasatlántico, donde se encuentran las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria, pero también en la caseta de obra de la Unidad Temporal de Empresas adjudicataria (formada por FCC y Lurgoyen) de la construcción de la lonja, ubicada junto al nuevo edificio pesquero, en San Pedro.

El pasado mes de abril, la abogada del Estado Macarena Olona, miembro del Consejo de Administración del Puerto, denunciaba ante la Fiscalía la situación de las obras de la lonja, después de que una auditoría de Puertos del Estado revelase que se habían ejecutado obras sin autorización previa ni consignación presupuestaria.

Semanas más tarde, y a petición de la Fiscalía, un juzgado de instrucción de Donostia iniciaba una investigación para determinar si existe o no delito en este proyecto. Conforme a las diligencias practicadas hasta entonces por la Fiscalía, el juez deberá dirimir si se produjeron los siguientes delitos: prevarización, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Peña, que ayer se encontraba de vacaciones fuera de Gipuzkoa y por lo tanto no pudo participar en el registro policial, ha asumido que la puesta en marcha de la segunda fase de la lonja costará 26 millones de euros, cuando el proyecto había sido adjudicado por 14,9 millones. En una comparecencia en las Juntas Generales, Peña, que accedió a su cargo en 2013, mientras que la lonja se adjudicó en 2011, lamentó que el proyecto era “manifiestamente mejorable” y cargó las tintas contra el director de obras, David Candelario, a quien acusó de tener “un gran desconocimiento” de la ley de contratos públicos, ya que, en su momento, incurrió en “errores graves” que han llevado a la apertura de esta investigación.

Tanto Candelario como el director del puerto, Gregorio Irigoyen, fueron cesados por Peña, tras estos hechos. Precisamente Irigoyen ha sido el último en referirse a las obras de la lonja. El lunes compareció en las Juntas Generales para aclarar que “nadie ha robado ni ha falsificado nada”, al tiempo que aseguró que “todos los sobrecostes están justificados”.

Además, acusó a Peña de no permitir una legalización rápida de la situación de las obras que, a su juicio, “podía haber estado acabada hace un año”.

Conocidas estas presuntas irregularidades, el Consejo de Administración del puerto aprobó en mayo, por unanimidad, encargar dos auditorías integrales a Puertos del Estado y esperar a las conclusiones de las mismas antes de emprender cualquier tipo de acción.

responsabilidad del estado Tras conocer el registro policial llevado a cabo por la Guardia Civil, en Gobierno Vasco emitió un comunicado en el que insistió en que “el control, supervisión, inspección e intervención del Puerto de Pasaia corresponde al Gobierno español”, y no al Ejecutivo vasco, y recordó que solo cuatro de los quince consejeros son designados por el Gobierno Vasco. Además, según desvelaron fuentes jeltzales a este periódico, las dos personas que estarían siendo investigadas por su presunta implicación con las irregularidades, son técnicos y no cargos de designación política.

El Gobierno de Iñigo Urkullu no descartó “exigir responsabilidades” si las auditorías integrales a las que están siendo sometidas las obras de la lonja determinan “algún tipo de irregularidad”, si bien se esperará a que lleguen las conclusiones de las mismas. Asimismo, el Ejecutivo aprovechó para defender la labor llevada a cabo por los consejeros nombrados por el Gobierno Vasco, que “han apoyado con su voto todas las medidas de control interno que se han planteado” en el puerto.

Señaló también que todas las decisiones de este consejo “deben ser autorizadas por Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento”, por lo que advirtió de que “el Gobierno Vasco no va a permitir que se le responsabilice de una gestión cuyo control, supervisión, inspección e intervención corresponden al Gobierno español”, más si cabe cuando las obras objeto de investigación “se decidieron, licitaron y adjudicaron en la anterior legislatura”.

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Millones de euros será el coste final de la puesta en marcha de la nueva lonja de Pasaia, la tercera en movimiento de pescado en todo el Estado. El proyecto fue adjudicado por un precio de 14,9 millones de euros. Según explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Peña, el coste de la construcción del edificio será de 20,1 millones, mientras que los 6 millones restantes corresponden a la redacción del proyecto, el mobiliario o la puesta en marcha del edificio de cabecera, donde se localizarán los servicios administrativos, entre otros.