“El sistema de acogida de refugiados está obsoleto e incumple todas las directivas europeas”

-Más que una crisis económica hemos vivido una crisis de derechos humanos. Del año 2008 a 2015 ha habido 550.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales una parte importante son de primeras viviendas, lo que significa que muchísima gente ha perdido su casa. Además, la crisis ha llevado a unas 747.000 personas a la retirada de la tarjeta sanitaria, por tanto, la atención primaria se ha visto dificultada. No ha sido tan grave porque determinados gobiernos autónomos, médicos y colegios de enfermería han cumplido con su obligación, pero se ha puesto en riesgo la salud de muchísimas personas. Por otro lado, hemos tenido la buena noticia de que ETA ha dejado de matar y esto es una mejora sustancial de los derechos humanos.

En este tiempo se ha establecido la denominada ‘Ley Mordaza’.

-Paradójicamente, la libertad de expresión en una manifestación ha tenido retrocesos importantes. Y no es que la anterior ley, que tenía como sobrenombre la Patada en la Puerta, fuera garantista, pero sí que ha supuesto un mayor control de la policía en manifestaciones, un menor control judicial y pasar de la presunción de inocencia a una presunción de veracidad. Esto lleva a que el funcionario público tenga razón excepto que se demuestre lo contrario. Además, hay restricciones periodísticas cuando te pueden poner una multa de 30.000 euros por hacer una foto de un policía en el ejercicio de sus funciones. Si a eso unimos una legislación antiterrorista cada vez más ambigua, como el enaltecimiento del terrorismo, es decir, que te puedes pasar años en la cárcel por lo que llaman incitación directa a actos de terrorismo que no se sabe bien qué es.

Otra crisis que ha estallado es la de los refugiados...

-Hemos hecho una investigación sobre la acogida en España, un sistema poco acogedor de acogida. Entre 2008 y 2015 se ha ido reduciendo el presupuesto de asilo y refugio de 300 millones de euros a 93 millones. A medida que se producían más refugiados en España el sistema era peor, no se acogía a nadie y, además, el presupuesto era menor.

Qué habría que hacer para que el sistema de asilo sea justo?

-El sistema de acogida de refugiados es arbitrario, ineficaz y discriminatorio. Está obsoleto e incumple todas las directivas europeas. De hecho, la Comisión Europea acaba de mandar una notificación a las autoridades españolas diciendo que no ha traspuesto en su legislación de asilo la directiva de acogida y, por tanto, puede ser objeto de sanción. No solo eso, no hay reglamento de la ley, lo cual significa la arbitrariedad absoluta para todo el sistema de acogida. El Gobierno central ni siquiera coordina el sistema con otras instituciones públicas. Durante dos años, a los refugiados que llegan aquí se les puede acoger con ciertas garantías pero, a partir de ahí, van a acabar en la calle o en otro país. Desde 2008, ha habido 14.500 refugiados que no se han quedado en España porque el sistema de acogida los lleva a la indigencia. Ahora, de los 17.000 refugiados que se había comprometido a recibir apenas ha acogido a 300. El Gobierno central no quiere acoger refugiados.

Por otra parte, las vulneraciones de los derechos humanos han sido una constante en Euskadi hasta hace pocos años.

-Se han prolongado hasta el año 2011, por lo menos. Es importante en ese contexto de tortura y de crímenes de ETA que haya verdad, justicia y reparación a las víctimas. Y en el caso de ETA se ha avanzado más que en el reconocimiento de las víctimas de la tortura. Igual que se habla de eso en relación con el franquismo y la Guerra Civil también hay que hacerlo con lo que ocurrió en el País Vasco.

En este sentido, ¿cómo observa la evolución de la reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura?

-Hemos pasado de su olvido a la política activa de que no haya verdad, justicia y reparación. Al contrario de la mayoría de los países del mundo, en España vamos a peor porque ni se investiga ni se deja investigar. Hay 114.000 casos de desaparición forzada en sede judicial. ¿Por qué? Por una decisión del Tribunal Supremo que en 2012 cerró la posibilidad de las víctimas de lograrlo en España. Se dijo que fueron crímenes ordinarios, prescritos y que los perpetradores están muertos. Se agregó que esos crímenes no eran tipificados como tales y que, además, hay una ley de amnistía que los protege, pero es contraria al derecho internacional. Vamos a peor porque el Estado no cumple con su obligación de investigar y reparar y también se opone a que lo hagan otros estados como Argentina o México.

¿Por qué?

-Es una buena pregunta porque en realidad es una obligación legal que lo haga. Lo único que hacen las autoridades son declaraciones de que ha pasado mucho tiempo... pero es una mirada torpe porque las heridas solo se cierran si supuran, las páginas solo se pasan si se leen. Esta lectura es muy peligrosa porque, si aplicamos eso para el franquismo y la Guerra Civil, lo vamos a aplicar también a la situación del País Vasco. No solo es una batalla para lograr la justicia y reparación a las víctimas y sus familiares si no que es una batalla del futuro para lograr que no vuelva a ocurrir.

¿Qué opina sobre la dispersión de los presos condenados por su pertenencia a ETA?

-Todos los presos deben estar lo más cerca posible de sus familiares y esto es lo que marcan las normas mínimas de tratamiento de reclusos de la ONU. Las políticas de dispersión no respetan los derechos humanos. El Estado tiene que responder de forma individual a cada petición de acercamiento y atendiendo a sus condiciones. Aquí hay varias dificultades: una es que, normalmente, no se hacen las peticiones individualmente y que el Estado tampoco responde individualmente si no que les exige lo mismo a todos. Y eso es una vulneración de las normas de tratamiento de reclusos.

¿Cuáles son las principales vulneraciones de los derechos humanos en Euskadi?

-Mucho tiene que ver con todo lo ocurrido durante estos 50 años y ahí nos enfrentamos a la verdad, la justicia y la reparación. Sería importante ver cómo podemos hacerlo con los nuevos partidos políticos en el Gobierno Vasco. Es fundamental convencer al Gobierno central de que también es una asignatura pendiente suya. Hay que investigar hasta el final lo que ocurrió, reconocer a las víctimas de ETA y a las de la tortura. Además, y siempre se lo hemos dicho al Gobierno Vasco, dentro de sus competencias debe haber un mecanismo de investigación independiente de los abusos policiales. Igual que lo hemos pedido para la policía nacional y la guardia civil lo solicitamos para la Ertzaintza, sin éxito hasta ahora. Ese mecanismo es importante porque contribuye a ver y vigilar violaciones de los derechos humanos y ayuda a los magistrados a hacer mejor su trabajo. En el caso de Iñigo Cabacas llevamos 4 años de instrucción judicial y no se puede decir que haya habido rapidez.

Otro de los caballos de batalla de los derechos humanos es la violencia de género.

-La gran dificultad que hay es que la violencia de género no se considera igual que cualquier otro delito. Parece que la víctima tiene que probar qué denuncia y qué ocurrió. Y, como cualquier otro delito, tienen que investigarlos la fiscalía y la policía. Ha habido avances importantes pero eso no ha llegado ni a resolver el problema ni a enfocarlo bien. Se ha reducido mucho el presupuesto y no se han hecho evaluaciones en los juzgados de violencia de género. En los juicios rápidos hay muchas absoluciones pero no porque el denunciado sea inocente exclusivamente si no porque no hay tiempo para ver todas las pruebas forenses. Cada vez hay menos órdenes de protección concedidas. Además, ha quedado todo un tipo de violencia fuera de la acción del Estado, que es la que se da fuera de la pareja y de la que no hay estadísticas, no hay información. Hay mucho por hacer.