VIGO. La Fiscalía solicita un total de 19 años de prisión para un un joven tudense que tenía 29 años en el momento de los hechos, P.J.F.V., al que acusa de amenazar e intentar asesinar a su expareja con una escopeta, que además había sido robada y para la que no tenía licencia. Está previsto que el juicio por estos hechos se celebre este martes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Según el escrito de acusaciones provisionales de Fiscalía, el hombre mantuvo una relación sentimental y convivió con una mujer, pero cuando ella decidió romper, "con intención de amedrentarla", comenzó a publicar en redes sociales vídeos de escopetas y a mandarle mensajes como: "La pesadilla acaba de empezar", "tienes un enemigo", "vete a denunciar pide protección".
Además, el acusado "con ánimo de obtener un beneficio económico y sabiendo que había sido obtenida mediante un robo", compró una escopeta semiautomática y cuatro cartuchos --para los que tampoco disponía de licencia ni documentación-- y, al día siguiente, se dirigió al domicilio de su expareja y se apostó frente a su portal con la escopeta cargada y sin el seguro.
Así, mantiene la Fiscalía que su intención era esperar a que a la mujer saliese de su domicilio a trabajar para matarla, tras lo que también pretendía poner fin a su propia vida, según le escribió él mismo en una nota a su madre, que fue la que alertó a su expareja de estos hechos. Al ser avisada, la mujer pidió auxilio a la policía, que procedió a la detención del hombre.
En relación a estos hechos, el Ministerio Público entiende que concurre la agravante de reincidencia respecto al delito de receptación, ya que fue condenado por lo mismo en 2009 a siete meses de prisión. Además, en el delito de asesinato aprecia como agravante la circunstancia mixta de parentesco.
Por todo ello, pide que el varón sea condenado a penas de prisión de 15 años por el delito de asesinato en grado de tentativa; de 1 año por amenazas; de 2 años por receptación; y de 1 año por tenencia ilícita de armas. Además, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años más que la pena de prisión.