vitoria- Hasta hace unos meses probablemente la mayor preocupación de los responsables de Lanbide era gestionar la incesante llegada de solicitudes de ayudas sociales con sus correspondientes expedientes repletos de certificados, documentos y datos. Ahora, a esos trámites se añaden la reclamación y recuperación de cantidades ingresadas indebidamente por antiguos y actuales beneficiarios y un incremento de los controles, lo que ha generado un aluvión de trámites burocráticos en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo.

En estos momentos el principal foco de críticas y problemas de Lanbide es la tramitación de reclamaciones de devolución de unas cantidades que oscilan entre los 500 y varios miles de euros dirigidas a unas 86.000 personas que han estado cobrando o aún cobran prestaciones sociales, así como el establecimiento de cuotas y plazos para el abono de unas deudas generadas por “errores” del propio Servicio o la tardanza en comunicar cambios. Tanto el Parlamento Vasco como el Ararteko han respondido ante la inquietud social generada por la reclamación de cantidades a miles de ciudadanos y han recomendado que las actuaciones para recuperar los pagos indebidos tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad y carencia de medios económicos de los perceptores de la RGI. También han planteado la necesidad de una “cuota social” a la hora de practicar los descuentos. Los afectados, por su parte, reclaman a Lanbide que establezca medidas para que no se sigan realizando pagos “indebidos” y que las cantidades incorrectamente abonadas se recuperen a través de una cuota fija de 30 euros a la que se comprometió el Gobierno.

Las revisiones periódicas que Lanbide viene realizando desde que en 2012 empezó a gestionar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) han generado a lo largo de estos años una gran acumulación de casos de cobros indebidos, con las consiguientes notificaciones y reclamaciones de devolución de cantidades, hasta alcanzar cifras importantes que han provocado alarma y críticas por parte de organizaciones políticas y sociales. Aunque las cifras cambian constantemente y difieren según las fuentes consultadas, los últimos datos manejados por el Parlamento Vasco hablan de un montante de 128,8 millones de euros abonados indebidamente por Lanbide desde que asumió la gestión de la RGI y la PCV, de los que unos cien millones corresponderían a la gestión del actual Gobierno Vasco. Según la información facilitada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en los últimos ejercicios se han detectado una media de tres millones mensuales en pagos indebidos, la mayor parte de los cuales no se han generado por actuaciones fraudulentas de los perceptores de las ayudas -aunque también hay casos de estos, sino por retrasos en la notificación de cambios en la situación laboral, social o familiar de los beneficiarios. De acuerdo con las estimaciones realizadas a finales del año pasado por el Gobierno Vasco, la cantidad pagada de más en ayudas que Lanbide debe recuperar ronda los 87 millones de euros.

El mecanismo de revisión de los expedientes de los perceptores de RGI y PCV contribuye a generar la deuda detectada por pagos indebidos, ya que Lanbide sigue abonando cada mes la cantidad que corresponde a las circunstancias iniciales de cada beneficiario hasta que una revisión, una notificación o un cruce de datos revela un cambio en estas circunstancias que supone reducir o extinguir la prestación. Cuando esto se produce, Lanbide ajusta o suspende el pago y reclama lo abonado de más.

Ante el problema económico que supone para muchas personas devolver las cantidades reclamadas, ya que la mayoría viven “al día” y se han gastado el dinero recibido cada mes, a finales del pasado año el Departamento de Empleo y Políticas Sociales decidió atender la petición de la Plataforma de Afectados por Lanbide y los pronunciamientos del Parlamento Vasco para minimizar el impacto de las devoluciones -bien vía descuento en las prestaciones actuales cuando aún se siguen cobrando, o vía devoluciones periódicas de los que ya no reciben ayudas- y para dar a los afectados la opción de elegir la fórmula de pago. Así, en diciembre se anunció que desde el pasado mes de febrero Lanbide cobraría a los deudores una cuota fija de 30 euros mensuales o una cantidad equivalente al 10, el 20 o el 30% de la cuantía de la RGI que estén percibiendo los beneficiarios, lo que supondría detraer cantidades superiores a 30 euros.

En la Circular 1/2015 sobre determinación de las condiciones del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas Lanbide especificó que los perceptores de ayudas que hayan cobrado de más porque han cometido fraude no podrán acogerse a la cuota social y tendrán que devolver el 30% de la RGI, si la siguen recibiendo, mientras que quienes deban dinero a Lanbide por un error del Servicio pero ya no cobren una prestación, podrán acogerse al pago fraccionado de la deuda abonando el 30% de sus ingresos cada mes hasta saldar la cantidad adeudada.

Aunque las fórmulas para facilitar la devolución de los cobros indebidos debían ponerse en marcha en febrero, los afectados han denunciado recientemente que Lanbide sigue sin aplicar de forma general la cuota social y que continúa reclamando o desestimando recursos de manera “mecánica” y sin fundamentar las causas por las que exige devoluciones.

Respecto a la forma de actuar del Servicio Vasco de Empleo en los miles de casos de reclamación de cantidades, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha señalado en varias respuestas parlamentarias que cuando se inician los procedimientos de reintegro Lanbide “tiene en cuenta la situación de las unidades de convivencia validando los ingresos de que dispone y estableciendo un porcentaje sobre los mismos”.

Según el Ararteko, “las prestaciones de RGI y PCV tienen como objeto hacer frente a las necesidades más básicas, a las necesidades relacionadas con la vivienda o el alojamiento habitual y a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, por lo que la suspensión y devolución de las prestaciones percibidas de manera indebida debe ser acordada con todas las garantías y se deben tener en consideración los principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, y el juicio de proporcionalidad. En este sentido sería conveniente ponderar si hay otras alternativas más adecuadas en los casos en los que se cumplen los requisitos para ser perceptores de la prestación”.