Cuota de 30 euros para devolver los cobros indebidos

A partir del mes de octubre entrarán en vigor los cambios normativos necesarios para que puedan abonar su deuda mediante una cuota mensual de 30 euros aquellas personas que no disponen de medios suficientes. Para ello será necesario un informe favorable de los servicios sociales que acredite la precaria situación económica del afectado.

Según ha podido conocer este periódico, los perjudicados también tendrán acceso a los expedientes de Lanbide para que puedan conocer de primera mano que “la deuda es real”, y contarán en las oficinas con asesores que les informen sobre los pasos a dar a la hora de cumplimentar los trámites necesarios. Asimismo, se les habilitará un número de cuenta para devolver con carácter inmediato el pago indebido.

Así lo han acordado el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el director de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, Juan Ibarreche, y miembros de la Plataforma de Afectados por Lanbide, haciéndose eco de una solicitud al respecto del Parlamento Vasco, en un encuentro que tuvo lugar el miércoles pasado en Lakua. Los perjudicados valoraron positivamente esa reunión que contó con el apoyo de varias formaciones políticas, y en la que encontraron a “un consejero con ganas de hacer bien las cosas y de buscar soluciones”.

Son alrededor de ochenta mil expedientes en Euskadi (79.694 en concreto), en los que se reclama la devolución del dinero por el cobro indebido de la RGI. En la mayor parte de los casos la anomalía surgió cuando eran perceptores de la renta y consiguieron un trabajo. Según la plataforma de afectados, a pesar de que Lanbide, como Servicio Vasco de Empleo, tuvo conocimiento de ello, no ajustó o paralizó el abono de la renta. Así, los perceptores de ayudas sociales adeudan a Lanbide 86,3 millones en concepto de pagos indebidos tanto de la Renta de Garantía de Ingresos -el salario social para quienes no tienen recursos o para aquellos con rentas bajas-, como de los complementos de vivienda -250 euros mensuales para el alquiler-.

Los afectados no se oponen a la devolución, pero precisan que no se trata de un fraude sino de “una mala gestión”, y han reclamando insistentemente el establecimiento de un sistema menos costoso, el mismo que entrará en vigor a partir de octubre. La actual normativa establecía que Lanbide podía retirar mensualmente el 30% de las prestaciones por la RGI, lo que para muchas familias era inasumible. A partir de ahora, fijar la cuota de 30 euros exigirá una modificación de la normativa de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En concreto, será preciso modificar el artículo 55 de la ley 18/2008 para introducir esa cuota social de devolución aplazada de los pagos.

Los afectados Entretanto, el número de afectados no cesa. “Cada vez que aparecemos en los medios de comunicación se ponen en contactos nuevos perjudicados que nos trasladan la difícil situación en la que se encuentran”, aseguraba ayer Vicky Vitoria, portavoz de los afectados en Gipuzkoa. Fabiola Jauregi, de 28 años, se ha tenido que marchar hace dos meses a casa de su hermana porque no puede pagar alquiler. “Me llegó una carta en marzo en la que me solicitan el abono de 7.000 euros por unos cobros indebidos”, cuenta esta madre de cuatro hijos que asegura haber realizado todos los trámites necesarios. “Me han cancelado la RGI que venía cobrando desde hace dos años, pero yo he entregado todos los papeles que hacían falta”, insiste la mujer.

La perjudicada está a la espera de recibir respuesta a las alegaciones que ha presentado. “Me parece bien que por lo menos se haya llegado a un acuerdo para facilitar el modo de devolver ese dinero, pero el problema está cuando ni siquiera tienes medios suficientes para afrontar ese pago de 30 euros al mes”, detalla.