Madrid - Pueblos Unidos denuncia que las expulsiones exprés de inmigrantes, las que ejecuta la policía desde las comisarías durante las 72 horas en que puede estar detenida una persona, se están produciendo a partir de “engaños”, sin que esté garantizado el derecho a la asistencia letrada y sobre personas sin antecedentes penales que están “profundamente” arraigadas en España. Esta es una de las conclusiones del informe anual de la organización presentado ayer por el coordinador del Servicio Jesuíta a Migrantes (SJM), Miguel González; el coordinador jurídico de Pueblos Unidos para los CIE, José María Trillo Figueroa; el coordinador de visitas a estos centros, Ángel Campos; y la responsable de Incidencia del SJM, Cristina Manzanedo. En total, en 2013 fueron expulsadas de España 6.462 personas desde los calabozos de las comisarías frente a las 4.726 que salieron desde los CIE. La organización recuerda que no es una práctica ilegal, porque la policía ejecuta órdenes de expulsión firmadas por una Delegación del Gobierno, el problema es cuando han pasado años desde que se dictaron, cuando se ejecutan sin abogado o cuando para lograrlo, los agentes engañan a los extranjeros.

Trillo-Figueroa expuso que “no se valoran las circunstancias particulares”, que pueden haber cambiado mucho desde que se dictó la orden de expulsión, de forma que se expulsa “a personas con un enorme arraigo en España” y cuya única falta es que no tienen permiso de residencia, ya que si tuvieran un procedimiento penal en marcha habría de autorizarlo un juez, lo que lleva más de 72 horas.

Esto es lo que le ocurrió a Miriam. Su hijo de 18 años fue detenido a la puerta del instituto y expulsado en avión en menos de 40 horas. Llegó a España a los 15 años, ni siquiera sabía a dónde se suponía que debía regresar. Su madre y su hermana, residentes legales, están en fase de obtención de la nacionalidad española. El tenía cita una semana después para regularizar su situación, pero como señaló Manzanedo, nada de esto se tuvo en cuenta. “No me iban a avisar de la expulsión. Mi hijo lloró y suplicó que me avisaran. No se acordaba ni de cómo llegar hasta la casa de allá, no tenía dinero. Nos avisaron ya desde el aeropuerto. A las diez de la mañana me llamaron y a las doce salió. Nos dimos cuenta de que realmente había salido a las ocho de la tarde”, explica. Denuncia que el juez de guardia no quiso recibirla. Quedó separada de su hijo “en 40 horas y sin posibilidad de alegato”.

No obstante, no en todos los casos son detenciones en la calle de personas sin papeles. “Constatamos la utilización ocasional de reclamos y engaños por parte de la Policía”. Los extranjeros son llamados a comparecer para “gestiones de su interés” y acaban en el calabozo para ser expulsados horas después. - Efe