La indemnización por muertes de tráfico se elevará un 50%

Fue el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el encargado de informar del nuevo baremo, que no se había actualizado desde 2003 y ahora se acercará al que aplican los países de nuestro entorno, de los que España estaba muy alejado. La intención del Ejecutivo, como resaltó Catalá, es que en el actual periodo de sesiones pueda aprobarse por las Cortes un proyecto de “alta sensibilidad” que las víctimas habían reclamado, como también el Congreso a través de una proposición no de ley.

Bien acogido por las asociaciones de víctimas, con algún recelo por parte de algunas respecto a lo que consideran una reducción de los pagos a los afectados por siniestros leves, el proyecto prevé actualizar las indemnizaciones conforme el índice de revalorización de las pensiones establecido en los Presupuestos Generales del Estado.

Varios son los ejemplos con los que el Ministerio de Justicia ha ilustrado el nuevo baremo. Así, la indemnización por la muerte de un padre de familia con ingresos netos anuales de 38.000 euros, que deje viuda y tres hijos menores de 12 años, pasará de los 335.519 euros actuales a los 671.480 euros.

Según el proyecto, una profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización, al pasar de 350.000 euros a un máximo de 750.000 euros.

mayor protección a las víctimas Negociado con expertos de la Universidad y en seguridad vial, la patronal de seguros Unespa, las asociaciones de víctimas y Cermi, entre otras entidades, el nuevo baremo dará respuesta a la demanda de incrementar la protección a las víctimas con un sistema suficiente y que garantiza el tratamiento continuado de las personas que lo necesitan tras sufrir un siniestro.

El nuevo texto, que ha debatido desde 2010 una comisión de expertos, se adapta a la realidad social actual y potencia los acuerdos extrajudiciales, según el ministro.

Además, afecta de forma positiva a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos sanitarios de las comunidades por los gastos derivados de las nuevas coberturas, como ciertos gastos de rehabilitación o el recambio de prótesis de lesionados graves.

La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, como las familias monoparentales, y configura los perjudicados en accidentes en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, que sufre siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías.

Rafael Catalá dijo también que el proyecto da valor económico al trabajo de las amas de casa a la hora de establecer la indemnización.

En los supuestos de fallecimiento se tendrán en cuenta las nuevas estructuras familiares y se distinguirá entre gastos “razonables” derivados de la muerte -compensados con una cantidad mínima de 400 euros-, y los específicos, como el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

Respecto a las secuelas, se refuerza la reparación al lesionado que sufre discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal, por lo que se indemnizarán los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.

Sobre las lesiones temporales, la norma distingue entre gastos de asistencia sanitaria y otros “diversos resarcibles”, es decir, los que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria de la víctima, como el incremento de costes de movilidad o los desplazamientos de familiares para atenderle - Efe