MADRID. Según ha informado la Policía en un comunicado, esta operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo se ha desarrollado en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha y ha culminado con arrestos e imputaciones por diferentes tipologías delictivas, entre las que destacan falsedades documentales, estafas y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 713 delitos de falsificación y estafa además de destapar un fraude de 2.345.867 euros al erario público. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España gracias al fraude.
Las investigaciones comenzaron hace varios meses después de que la Policía detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes constataron la simulación de la relación laboral entre 28 mercantiles y sus trabajadores que pretendían beneficiarse de tal situación jurídica.
SIMULACION DE NEGOCIOS Y CONTRATACIONES
Las denominadas empresas 'ficticias' --entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva--, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declararon realizar actividad laboral en el ámbito de la hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Según ha detallado la Policía en el comunicado, los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, a través la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF central de la CGPJ, Brigada Contra la Trata de Seres Humanos y Brigada de Falsedades Documentales, ambas adscritas a la UCRIF central de la CGEF, Jefaturas Superiores de Madrid y Castilla la Mancha y Brigada Provincial de Policía Judicial y UCRIF de Guadalajara.
Las actuaciones se han desarrollado con la colaboración del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de Madrid y Guadalajara respectivamente.
