La plataforma Uber que facilita la contratación de vehículos en la ciudad a través del smartphone, sigue en un ciclo expansivo a pesar del cese cautelar decretado recientemente por la Justicia española y las protestas en el sector del taxi en medio mundo. Criticada y sancionada, la aplicación Uber y su servicio UberPOP, desembarcó en España el pasado abril en Barcelona, después en Madrid (septiembre) y más recientemente en Valencia (octubre), tras operar en varios países, en pleno auge de las apps de ahorro -consumo colaborativo- para el ciudadano.
Con sede en San Francisco, Uber fue creada en 2009 por los jóvenes Travis Kalanick y Garret Camp, en 2011 salió en Estados Unidos, ofreció sus servicios en París y un año después, se puso en marcha en Toronto y Londres. Se ideó como un servicio para atender la demanda de transporte por encargo a través de una aplicación para un dispositivo móvil. Está presente en 52 países y, a pesar del éxito entre la población, se ha encontrado con una marcada oposición entre los taxistas y el transporte profesional en diferentes ciudades.
No obstante, la Comisión Europea (CE) ha señalado en reiteradas ocasiones que las decisiones sobre servicios de transporte compartido no profesional, como Uber, entran dentro de las competencias de los Estados miembros. Este pasado miércoles, desde Bruselas advertían a las autoridades españolas de que cualquier medida que adopten para regular este servicio de transporte de viajeros debe respetar los principios de proporcionalidad, no discriminación y libertad de establecimiento.
“Para nosotros es importante no prohibir completamente nuevas tecnologías solo porque son nuevas, pero por supuesto también nos damos cuenta de que tienen que estar de acuerdo con las regulaciones de los Estados miembros”, explicaba Jakub Adamowicz, portavoz de Transportes de la Comisión. “Cuando hay una nueva invención que mira al futuro, no estamos diciendo inmediatamente que esto tiene que ser prohibido”, agregó tras ser consultado por la sentencia dictada por el tribunal madrileño donde se acumulan hasta 25 expedientes abiertos a 23 conductores Uber.
Sigue operando Por su parte, los responsables de Uber en España aseguraron que mantendrán operativos sus servicios a pesar de la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ya que, según expresaron se trata de “un procedimiento judicial comercial altamente inusual y una decisión cautelar presentada contra nosotros y requerida por una asociación de taxis de Madrid.” Asimismo, consideran que el fallo judicial “es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada”.
En este sentido, apelan a que “numerosos organismos de competencia de la Unión Europea han solicitado una desregulación total del sector del taxi, que actualmente actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad tanto para los consumidores como para la economía”. Sin embargo, una mirada al continente europeo muestra cómo en Francia se aprobó una norma que regula estos servicios para proteger al sector del taxi gracias a una ley que obliga a los conductores registrados en aplicaciones como Uber a esperar 15 minutos antes de recoger al cliente.
En abril, Bélgica fue el primer país en prohibir la aplicación, por no cumplir las leyes que regulan los servicios de taxi. En Holanda, el pasado 8 de diciembre, la justicia prohibió el servicio de Uber, por considerarla ilegal, con multas que pueden llegar hasta 100.000 euros. En otros puntos del planeta la situación es similar. Por ejemplo en Estados Unidos, en Seattle o Nueva York la Policía puede retener e imponer sanciones a los conductores, y en San Francisco y los Ángeles están prohibidas este tipo de aplicaciones.
Seguridad De hecho, los fiscales de ambas ciudades californianas han presentado una demanda contra este servicio alegando que engaña a los clientes al hacerles creer que no permiten conducir a personas con antecedentes criminales. Y es que, argumentan, a pesar de que Uber asegura emplear los sistemas más eficientes disponibles para la comprobación de antecedentes de sus conductores, la empresa no obtiene las huellas dactilares de los chóferes. “La empresa repite esa afirmación engañosa, dando a los consumidores la falsa impresión de seguridad cuando deciden entrar en el vehículo de un extraño”, afirmó George Gascón, fiscal del Distrito de San Francisco.
De hecho, el Gobierno de la India ha ordenado suspender los servicios de esta plataforma después de que una mujer denunciara haber sido violada por un conductor registrado en Uber, que ya ha sido detenido. El chófer, de 32 años, fue acusado de molestar a una mujer en 2003, posesión de armas en 2006 y violación en 2011, casos de los que fue absuelto; y de nuevo por abusos sexuales en 2013, hecho por el que estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Por si fuera poco, otra mujer ya presentó a finales de noviembre una queja “por el comportamiento inquietante” del mismo conductor. “Me dijeron en una correo electrónico que lo chequearían. No lo suficientemente rápido”, lamentaba esa chica en su cuenta de Twitter.
Uber, que operaba en Colombia desde finales de 2013 en las ciudades de Bogotá y Cali, también fue declarado ilegal por el Ministerio de Transporte después de las protestas de los taxistas. En Brasil este sistema comenzó a operar el pasado junio y está presente en cuatro ciudades: Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte, hasta ahora sin trabas por parte de las autoridades pese a que la ley establece que el transporte público remunerado de hasta siete pasajeros es una actividad exclusiva de los taxistas, quienes ya protestaron en junio para pedir la prohibición del uso de la aplicación.
