Madrid - El informe que emitió la policía sobre la mayoría de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia de género que habían presentado denuncia previa por malos tratos decía que no estaban en una situación de riesgo o que la peligrosidad era media o baja. Por ello, el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ ha planteado varias propuestas para mejorar la protección de las víctimas, tras analizar los 14 casos contabilizados este año en los que había un antecedente judicial previo a la muerte de la mujer.

“La mayoría de las víctimas tenían una valoración del riesgo entre ‘medio’ y ‘no apreciado’, lo que hace preciso una revisión de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (Viogen)”, explica el informe. Por eso, la institución propone que incluso cuando el diagnóstico sea de riesgo bajo o no apreciado, “se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctimas, y que en estos casos se adopten medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante independientemente de si existe o no medida judicial de protección”.

El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo con el Ministerio del Interior para modificar el cuestionario del que se sirven los policías para realizar la evaluación del riesgo e incluir nuevas variables, como la situación laboral de la víctima, la existencia de hijos menores o su discapacidad, si la hubiera. Esta medida aún no ha entrado en vigor.

Para las fuerzas policiales, el Observatorio propone también la “introducción obligatoria de las denuncias que no se interponen ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sistema Viogen, de modo que este contenga toda la información necesaria para la seguridad de la víctima”. Pide además, que se integren en el sistema las policías locales, que en ocasiones se encargan del control de las penas de localización permanente, y se interconecte con los sistemas de gestión de Instituciones Penitenciarias y los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las comunidades autónomas, para que la víctima y todos los agentes implicados, estén informados a tiempo real de la situación del agresor. - E.P.

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