BARCELONA. El documento, presentado este martes en el Ateneu Barcelonès, en el marco del ciclo de debates 'Catalunya Social', advierte de que el endurecimiento de la legislación sobre las drogas no ha hecho reducir el consumo, sino todo lo contrario, y detecta que las políticas de control de la ofertan concentran más del 70 por ciento del gasto en este ámbito.
También destaca que el 80 por ciento de los reclusos del Estado está privado de libertad por delitos relacionados con las drogas, por lo que las entidades sociales han abogado por crear un modelo de atención centrado en las personas y basado en la mediación, con opción de reducir penas con alternativas a la cárcel.
El informe apuesta por una reasignación y priorización de los recursos públicos en este ámbito, que debería pasar por establecer nuevas prioridades políticas y avanzar en propuestas alternativas, como el impulso prioritario de los programas de reducción de daños.
Además, aboga por "dejar en segundo plano" las políticas represivas para centrar los recursos que actualmente se dedican a ellas a prevención, investigación, cooperación internacional e inversión en asistencia.
