Un hombre de 84 años muerto a puñaladas. Su mujer afectada por inhalación de gas. El hijo y presunto homicida, grave tras un intento de suicidio. El suceso que mantiene a Zalla a medio camino entre el abatimiento y la indignación arroja una incógnita de difícil respuesta. La de si pudo o no haberse evitado. Una pregunta que cobra especial relevancia en este caso al trascender que el supuesto parricida podría padecer esquizofrenia y su familia, al parecer, habría sido objeto de sus amenazas. A la espera de que la investigación determine si una posible enfermedad mental sin tratar ha sido determinante en este caso, los expertos arrojan luz sobre los hogares donde se vive una situación similar. "Afortunadamente esto no es habitual. Existen cauces para detectar casos así y poner de manera inmediata las medidas que sean oportunas clínicamente y también judicialmente si fuera necesario", tranquiliza Jon García Ormaza, psiquiatra adjunto del hospital de Cruces.
El dictamen médico es fundamental. De hecho, cuando una persona que padece una enfermedad mental abandona la medicación, sufre un brote y se muestra violenta, la decisión de ingresarla inmediatamente en un centro recae en manos de los especialistas. "Luego el juez y el médico forense van a comprobar que ese internamiento se haya efectuado correctamente. Si entienden que no es así, le dejan salir inmediatamente del hospital", explican fuentes judiciales.
Lo habitual, sin embargo, es que el ojo clínico no yerre. "Los médicos, en general, aciertan y se concede una autorización judicial para que se mantenga a esa persona internada. En los casos menos graves, a los diez o quince días, cuando se les da la medicación, se estabilizan y es posible mantenerlos sin esa agresividad, y con tratamiento ambulatorio, se les da el alta. Si no se la dan en seis meses, volvemos a ver cómo está, tal y como dice el Código Civil", detallan.
Poder realizar un diagnóstico adecuado es fundamental para que los especialistas puedan intervenir. "Yo voy a poder tratar, si es necesario, a un paciente con síntomas psicóticos aun en contra de su voluntad, porque una persona que presenta en un momento dado alucinaciones o delirios no es capaz de interpretar de manera adecuada la realidad y, por tanto, tiene que ser tutelada. Tenemos que ayudarle e intervenir", expone García Ormaza. Los médicos en otras ocasiones están atados de pies y manos. "En otros trastornos mentales, como los trastornos de la personalidad, que también se asocian a actos violentos y a agresividad, no siempre es fácil intervenir. Si la persona no está incapacitada, judicialmente se nos dice que es responsable de sus actos y puede ejercer el derecho a no ser tratada, desgraciadamente el clínico no tiene muchas maneras de ayudar", lamenta el psiquiatra.
Un pleito "gordo" y costoso La cosa se complica cuando el enfermo rehúye de las consultas, no recibe tratamiento y la convivencia con él resulta arriesgada. En esos casos, apuntan las citadas fuentes, "la familia puede instar su incapacitación porque, en el momento en el que se le incapacite, el tutor que se le designe podrá decidir si se le interna en un centro para que se le trate o no. Mientras que no se haga eso, esa persona es capaz y nadie puede decidir por ella", aclaran desde el ámbito judicial.
También los servicios sociales pueden dar la voz de alarma y denunciar el caso. "La fiscalía tiene la obligación de promover los procesos de incapacitación cuando aprecia que hay un peligro tanto para la sociedad como para el propio afectado. Los fiscales incluso pueden pedir como medida cautelar que sea ingresado en un centro médico hasta que se decida. No es muy habitual, pero es posible". señalan las citadas fuentes.
Decantarse por esta opción tiene un precio. "Necesitas un abogado y un procurador. Si no tienes recursos, puedes acceder a la justicia gratuita, pero si los tienes, te cuesta dinero porque es un pleito", subrayan. El éxito, además, no está garantizado. "En muchas ocasiones el afectado se defiende y sostiene que tiene un conflicto familiar que no tiene nada que ver con su capacidad de valerse por sí mismo. Dicen que tienen un problema por temas de herencia o de lo que fuese y que les quieren quitar del medio. Entonces, hay muchos casos en los que es un pleito gordo. No es presentarlo y ganarlo", advierten.
La esquizofrenia, enfermedad que se le ha atribuido desde los medios al presunto parricida de Zalla es, según señala García Ormaza, "un trastorno psicótico que genera en la población muchas dudas, incluso en ocasiones desgraciadamente temor". Las asociaciones de familiares y enfermos psíquicos consultadas por este periódico, que han rehusado hacer ningún tipo de declaración al respecto, trabajan precisamente para luchar contra este estigma. La peligrosidad, cuando la persona está tratada, dicen, es un falso mito sobre la salud mental.
