palma. Los profesores que han llevado a cabo la huelga indefinida de tres semanas en la enseñanza balear vuelven hoy a clase con la voluntad de impedir la aplicación del decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y el convencimiento de que cuentan con el respaldo mayoritario de la sociedad de las islas.

"La vuelta a los centros implicará hacer todo lo posible para que el TIL no se implante", indicaron los comités de huelga en un manifiesto leído ayer por la mañana ante la sede del Parlament balear en un acto en el que sindicatos y Asamblea de Docentes estuvieron arropados por organizaciones de padres y estudiantes que apoyan su causa.

"La huelga ha sido una vitoria", afirmó el portavoz de la Asamblea Iñaki Aicart, que prometió que los profesores harán un esfuerzo por recuperar la normalidad y mantendrán la presión sobre el Govern para conseguir mejoras en la calidad del sistema educativo que compensarían con creces las tres semanas de clases perdidas.

Biel Caldentey, líder del STEI, el sindicato mayoritario, explicó que se convocarán los consejos escolares de cada uno de los centros educativos para proponerles que rechacen el proyecto lingüístico basado en el TIL, en caso de que haya sido elaborado, y si se oponen a él, se volverá al modelo anterior. Detalló que, según sus servicios jurídicos, los proyectos lingüísticos de centro del curso pasado siguen plenamente vigentes.

Por su parte, el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha acusado a los docentes de "insumisión" por haber revelado ayer las intenciones que tienen en su vuelta a las aulas. Además, les acusó de tener a los alumnos como "rehenes".

En un comunicado, el IPFB condenó "el ataque al Estado de derecho" que tuvo lugar, según su opinión, con la rueda de prensa ofrecida por los comités de huelga "al afirmar que van a hacer todo lo posible para no acatar la ley". "A esta actitud se le llama insumisión a la legalidad vigente y dentro de un Estado de derecho como el nuestro no cabe esta posición y menos con menores por medio", indicó la entidad, que remarcó también que los ciudadanos deben cumplir las leyes que emanan de los parlamentos.