vitoria. El grupo municipal del PSE entregará al juez Ruz, que instruye el caso Bárcenas en la Audiencia Nacional, toda la documentación que ha reunido sobre las adjudicaciones que el Ayuntamiento de Vitoria realizó durante la segunda legislatura de Alfonso Alonso a empresas ligadas por la Policía a la trama Gürtel. Adjudicaciones en plural, pues ayer los socialistas lanzaron más munición sobre el actual alcalde y concejal de Hacienda con Alonso, Javier Maroto.
Según desveló la edil del PSE Maite Berrocal el pasado 12 de septiembre, el Consistorio adjudicó a Sufi, una sociedad, absorbida después por Sacyr, y cuyo presidente admitió en su día haber comprado contratos públicos, la construcción y explotación de la planta de residuos de la construcción de Gardelegi. La firma comparecía en unión empresarial con Escor y Lanbide Empresa Constructora, y pagó 330.600 euros a Nige, una firma testaferro de la red Gürtel, por su asesoramiento en la licitación de Gardelegi, tal y como figura en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. Hace dos semanas, los socialistas se limitaron a pedir explicaciones al concejal de Hacienda, Manu Uriarte, ante una operación muy similar a las que nutrían de fondos a la trama de Francisco Correa.
Ayer, con el alcalde Maroto delante -tenía que comparecer para dar explicaciones sobre este tema- el fuego se intensificó. Según Berrocal, el pago de Sufi a Nige se produjo dos días antes, el 11 de abril de 2005, de que la Mesa de Contratación adjudicara de facto el contrato, el 13. Esta circunstancia es novedosa, por otro lado, puesto que en otros casos investigados, por ejemplo en Salamanca o Alicante, Sufi abonaba sus honorarios a Nige meses después de materializada la adjudicación municipal correspondiente.
"¿Informó alguien del gobierno a Sufi de que era la adjudicataria?", preguntó Berrocal a Maroto. El alcalde fue tajante. "No tengo ningún conocimiento de los pagos a los que se refiere ni he informado a ninguna empresa de adjudicaciones, mi gestión es impecable y limpia", afirmó el primer edil, visiblemente molesto con lo socialistas, "el partido del barro". A continuación lanzó un órdago como respuesta. Según el alcalde, para amañar un concurso público un político debe actuar, necesariamente, en connivencia con los técnicos, que son los que emiten los informes que decantan los concursos públicos por unas u otras empresas. "Es imposible decir lo que dice y que ello no suponga que los técnicos recibieron instrucciones del gobierno", señaló Maroto.
Sin embargo, las acusaciones del PSE no se limitan a la adjudicación de la planta de Gardelegi. La víspera de la bajada de Celedón de 2005, casi cuatro meses después del cierre del contrato con Sufi, el gobierno de Alonso decide que la Mesa de Contratación, el órgano multipartito que adjudica los contratos, pase a ser conformado únicamente por el grupo del gobierno, los técnicos municipales y el interventor del Ayuntamiento, que debe velar por la legalidad de las decisiones que allí se adoptan. Bajo este nuevo régimen, llamado a "profesionalizar" el trabajo de la Mesa, según se dijo entonces, y que por cierto ya no está vigente, se produjeron otras dos adjudicaciones que el PSE considera sospechosas.
La Mesa de Contratación concedió a Urazca, empresa investigada por sus donaciones al PP, la construcción del Centro de Interpretación de la Naturaleza Ataria; y a FCC, también investigada por su presunta relación con la trama Gürtel y de la que formaba parte un hermano del exministro popular Jaime Mayor Oreja, el jugoso contrato de las basuras y limpieza de la ciudad que ahora está a punto de expirar.
el expediente Por otro lado, los datos aportados ayer por los socialistas han diluido un tanto la polémica sobre el expediente incidental de revisión al alza de las tarifas de Gardelegi aprobado en 2007, que no pasó por la Mesa de Contratación por decisión del director de Hacienda, según dijo ayer Maroto, y que ha desaparecido de los archivos municipales. El equipo de gobierno remitió al PSE y a los medios copias de los informes que deberían figurar y no figuran en el expediente de esta contrata, avalados con la firma de los funcionarios que los aprobaron. El PP negó, en todo caso, que ese expediente incidental hubiera desaparecido y los socialistas lo tomaron como un intento de ocultar la verdad. Maroto explicó ayer que remitieron ese facsímil de la información auténtica mientras buscaban la original "por la alarma que ustedes despertaron", y se preguntó si no desapareció durante el mandato de Lazcoz: "Yo no digo que no lo tenga usted en su cajón". No lo dijo, pero lo dijo.
