vitoria. Parece que tras la tormenta de este inicio del curso político a cuenta de las AES llega la calma al Ayuntamiento. Si el PNV denunció el jueves que Javier Maroto había dado orden a los servicios sociales de suspender las ayudas al mismo tiempo que ante los medios de comunicación se comprometió a cubrir el vacío dejado por el Gobierno Vasco, ayer el alcalde rectificó sus instrucciones iniciales con una contraorden para que el Ayuntamiento prosiga la tramitación de las Ayudas de Emergencia Social. De esta forma, el acuerdo PP-PNV del martes -roto dos días después- vuelve a estar en vigor.
En el documento consensuado, remitido ayer a la prensa, y firmado por el alcalde y el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, se detallan en seis puntos las bases de este acuerdo por el que 3.000 beneficiarios de estas ayudas -destinadas al pago de gastos de la vivienda- que hasta ahora recibían estas subvenciones en Gasteiz no deberán tramitar de nuevo sus peticiones en el Ayuntamiento.
Así, dice el texto: "Se abonarán hasta final de año las AES concedidas, respetando su concepto, cuantía y duración, con cargo a una partida económica correspondiente a ayudas municipales, que se incrementará en la cantidad que fuera necesaria para atender toda la demanda".
Ambas partes han decidido continuar la tramitación de las AES que están en curso para evitar demoras en su percepción y no duplicar la carga de trabajo de los profesionales de los servicios sociales, que es lo que habría ocurrido de obligar a los beneficiarios de las AES a iniciar de cero todo el proceso de tramitación de unas ayudas que, de momento, el Gobierno Vasco ha dejado de abonar -argumenta- por falta de dinero.
No obstante, las nuevas demandas de AES que se presenten en los servicios sociales del Ayuntamiento a partir de ahora se tramitarán como ayudas municipales, "manteniendo los mismos criterios de aplicación" que en las AES. Cabe recordar que el propio alcalde manifestó en sala de prensa el miércoles que los criterios fijados por el Ayuntamiento serían "similares" a los del ejecutivo vasco y a renglón seguido dio la orden contraria a los trabajadores de los servicios sociales justificando su contrariedad, por escrito, en que "al parecer, lo publicado en prensa en otro sentido, no respondía a la realidad".
Y como toda esta polémica parte de la decisión del Gobierno Vasco de no poner más dinero para las AES, PP y PNV emplazan en su acuerdo al ejecutivo de Urkullu a ampliar la partida presupuestaria destinada a estas ayudas para dar respuesta a toda la demanda. Además, en caso de que el Departamento de Intervención Social envíe una carta a los perceptores de esta prestación -como era su intención- en el escrito se explicará que la decisión de abonar las ayudas con fondos municipales corresponde a los socios presupuestarios PP y PNV.
El documento concluye dejando claro que "las instrucciones distintas a lo recogido en este acuerdo serán anuladas".