murcia. Un hombre de entre 40 y 45 años se quitó la vida el martes en su domicilio de la pedanía murciana de La Ñora tras recibir un aviso de desahucio, informaron fuentes de la Policía Local de Murcia. Los hechos ocurrieron en la mañana del martes en una vivienda de la Avenida Poeta Vicente Medina de la citada población cuando la mujer de la víctima encontró a su marido ahorcado unos 45 minutos después de haberse practicado en su vivienda un lanzamiento judicial. Según las fuentes, la policía local acompañó a la comisión judicial alrededor de las 09.30 horas a practicar ese procedimiento, que se desarrolló "sin más novedad" ni incidentes, en presencia de la mujer del fallecido.

Minutos después de que hubiera terminado esa comunicación de desahucio, la propietaria del inmueble llamó a la policía para alertar de que había encontrado muerto a su marido, añadieron las fuentes.

Mientras tanto, los jueces pueden suspender desde hoy mismo los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas, una posibilidad que recoge la conocida como ley antidesahucios, publicada ayer en el BOE.

La Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social -aprobada por el Senado el 8 de mayo-, también suspende los desahucios (lanzamientos) de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora.

La norma llega en medio de "circunstancias excepcionales", fruto de la crisis económica y financiera, tal y como indica su preámbulo, tras una fuerte movilización social en la que destacó la Plataforma Antidesahucios (PAH), que a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recogió más de 600.000 firmas para cambiar la Ley Hipotecaria, que databa de febrero de 1946.

La oleada de protestas hizo mella en Europa, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció en marzo que las medidas que regulaban en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca eran contrarias a la legislación comunitaria. A partir de ahora, para poder acogerse a la suspensión del desahucio hay que cumplir dos tipos de requisitos, sociales y económicos. En el primer caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo. Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 1.595,53 euros. Economía calcula que unos 120.000 hogares cumplen con los requisitos.