gasteiz. Estaba todo preparado para la declaración por videoconferencia desde Madrid de las tres primeras víctimas de la dictadura -entre ellas, la hermana de Salvador Puig Antich- en la causa abierta en Argentina, en un juzgado de Buenos Aires, por la juez María Servini de Cubría contra los crímenes franquistas. Sin embargo, las entrevistas previstas desde el Consulado de aquel país se suspendieron. ¿El motivo? Sin ocultarse, el Ministerio de Exteriores presionó hasta el punto de que desde la sede diplomática se comunicaba a la letrada que se suspendían los interrogatorios. Según el criterio del área que dirige el ministro José Manuel García Margallo, las gestiones para el interrogatorio de ciudadanos españoles ha de hacerse a través de una comisión rogatoria, que no se habría solicitado a la Administración española. Tal circunstancia provocó el desenlace.

Según indicaban ayer varios medios madrileños, el proceso que derivó en la suspensión de los primeros testimonios comenzó con una llamada telefónica del Gobierno español, en manos del Partido Popular (PP), a la Embajada Argentina. En esa comunicación, Exteriores habría conminado a la suspensión de la jornada prevista. Al parecer, desde la legación transmitieron al Consulado las presiones españolas. A su vez, desde ese órgano se comunicó a la magistrada la necesidad de poner punto y final, al menos, de momento, al proceso de testificales. Éste es previo a las hipotéticas imputaciones de los presuntos responsables de los crímenes que se tratan de juzgar, como el exministro Rodolfo Martín Villa, al que las víctimas de los hechos de la matanza del 3 de marzo en Vitoria consideran uno de los responsables de los asesinatos de cinco obreros.

Al parecer, las protestas de Exteriores aducían que cualquier interrogatorio a un ciudadano español por parte de un órgano jurisdiccional extranjero hay que llevarlo a través de una comisión rogatoria. Sin embargo, fuentes de la red Aqua -Red ciudadana de apoyo a la querella argentina- consultadas por este diario mostraban su total convicción de la intencionalidad política de la decisión, ya que la causa es argentina, gestionada por una magistrada de aquel país. Al respecto, distintos portavoces quisieron recordar las relaciones existentes entre uno de los presuntos responsables a los que se pretende imputar en esta causa -José Utrera Molina, que firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich- con el actual ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para más señas, yerno del citado.

Los más de 300 querellantes que ya suma esta causa, sumando a personas individuales y asociaciones de todo el Estado, plantean la imputación por crímenes de lesa humanidad de responsables concretos y todavía vivos de la represión franquista. Una misión hasta ahora imposible dentro de las fronteras del Estado por la mera existencia de la Ley de Amnistía de 1977, una suerte de ley de punto final que ha permitido a los protagonistas de la represión vivir impunes.