Berango. La coordinadora de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte, admitió ayer que "fue absolutamente equivocado" pedir el voto para EH Bildu en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. De esta manera, la portavoz de la plataforma respondió al presidente del PP en Euskadi, Antonio Basagoiti, que reclamó al colectivo que explicara el porqué de ese posicionamiento.

La asociación mostró su apoyo a EH Bildu durante la campaña electoral del pasado año "por ser la formación con una mejor apuesta" en contra de los desahucios. No obstante, ayer durante la presentación de la nueva oficina del colectivo en Berango, Uriarte reconoció aquel error: "Tenemos que entonar el mea culpa porque, efectivamente, en su momento pedimos el voto para EH Bildu, pero fue una decisión absolutamente equivocada. En una reflexión interna que realizamos a posteriori nos dimos cuenta de que debemos ser apartidistas. En nuestro movimiento hay todo tipo de personas de distinto estrato, condición social y pensamiento político. No podemos ni debemos definirnos de ninguna manera", argumentó.

Asimismo, la portavoz de Stop Desahucios acusó a Basagoiti de utilizar este asunto como "arma arrojadiza" contra las plataformas antidesahucios con el objetivo de "desviar la atención". Por otro lado, Uriarte insistió ayer en que la asociación vizcaina no va a realizar "jamás" escraches en un domicilio particular. "Podemos manifestarnos en la vía pública o en la sede de algún partido; siempre en un espacio que sea legítimo y pidiendo permiso", señaló.

Interior recula El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó ayer "tajantemente" que su departamento haya ordenado a la Policía que, como norma general, prohíba los escraches a menos de 300 metros de las casas de los políticos. "No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de esa distancia; eso como ministro lo desmiento", comentó Fernández Díaz en los pasillos del Congreso. Y es que, horas antes, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró que el Ministerio del Interior daría instrucciones a la Policía para proteger a los cargos públicos de este tipo de protestas y que se aplicaría "el mismo criterio" utilizado por la Ertzaintza. Después, el titular de Interior puntualizó que la orden dictada a la Policía es que aplique las "medidas operativas" necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar. Pero subrayó que en ningún momento, aludió a un perímetro concreto de seguridad. "En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo... En algunos casos serán 300 metros y en otros, 30", indicó.